A fines de 2022, la ministra Camila Vallejo participó de una reunión de la Ocde, en Luxemburgo, donde se creó un grupo de trabajo internacional, en que participa Chile, para abordar la llamada desinformación, noticias falsas o fake news de forma permanente. Sobre esa base, el Gobierno decretó ahora la creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación.
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De acuerdo a la Ocde, “el propósito de este enfoque sistémico consiste en construir y crear las capacidades en el conjunto de la sociedad para que los ciudadanos puedan identificar la desinformación y actuar”, según dijo en su momento el jefe de Integridad Pública de la Ocde, Julio Bacio.
Pese a eso, en Chile ha habido críticas, que dicen ver un control de medios y lo comparan con regímenes autoritarios. Para Mario Herrera, investigador del Centro de Análisis Político (CAP) de la Universidad de Talca, estos temores “no son justificables. Chile destaca como uno de los países con mayor democratización en la región, en contraste con Nicaragua o Venezuela. El presidente Boric se ha diferenciado de la izquierda no democrática, donde está restringida la libertad de expresión y también las políticas y civiles básicas”.
Hugo Jofré, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad San Sebastián, comenta que “si bien hay un componente vinculado a las fake news ligadas a las redes sociales, ha habido polémicas parecidas en Latinoamérica, como la ley de medios en Argentina y la pugna del gobierno de Cristina Kirchner contra el grupo Clarín. Algunos gobiernos de izquierda sienten una inclinación hacia el control por parte del Estado de los medios de comunicación y en el caso chileno, hacia la denominada desinformación”.
El Gobierno ha destacado que es la Ocde la que recomienda estos lineamientos. Fernando Seymour, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Bernardo O’Higgins (UBO), explica que “existen políticas y planes de acción para combatir la desinformación, como el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea, que conecta tecnológicamente a sus países y los informa de casos, facilitando la coordinación y monitoreo de las redes. Quizás una instancia similar podría replicarse a nivel latinoamericano o, al menos, en un grupo interesado en anticiparse”.
Desde la UTalca, Mario Herrera complementa que “existen antecedentes. Los ejemplos clásicos son Alemania y Francia, que impulsaron legislación para combatir las noticias falsas. La principal crítica que han tenido es su potencial uso político en períodos electorales. En Chile, en cambio, se hizo por decreto y solo para formar una comisión”.
El organismo, de acuerdo al decreto, será conformado por quien sea ministra de Ciencia y Tecnología, en este caso, Aisén Etcheverry. ¿Sería mejor un grupo autónomo? Hugo Jofré, de la USS, contesta que “es difícil que este tipo de instancias gocen de apoyo transversal, ya que la oposición está en desmedro respecto al aparato del Estado. Efectivamente, una forma de darle legitimidad podría ser la convocatoria de actores transversales, como los Consejos del Banco Central o Para la Transparencia. De lo contrario, el Gobierno tendrá un nuevo frente de conflicto ante los potenciales riesgos para la libertad de expresión”.
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Tipos de noticias falsas y cuán importante es combatirlas
El éxito de la Comisión podrá depender también de que los conceptos estén claros. Por ahora, sí lo están sus funciones, que son recomendar medidas sobre la base del análisis de su relación con el debilitamiento de la democracia; asesorar la participación del Ministerio de Ciencias en el Hub de Desinformación de la Ocde y otras instancias; elaborar informes, proponer recomendaciones y resolver consultas.
“Deberíamos eliminar el concepto fake news, es un error validarla. Una información falsa, con malas intenciones, no debería ser anunciada como noticia. Ahí surge el juego entre instalar información falsa para que otros la masifiquen. Entonces, más me preocupa que se instale la advertencia sobre posibles sesgos e instrumentalizaciones. Es necesario que el foco se instale ahora en combatir la desinformación”, pide Fernando Seymour, director de Periodismo de la UBO.
Al respecto, la Ocde distingue “dis-information”, que implica información incorrecta, falsa o engañosa que ha sido fabricada y difundida deliberadamente; “mis-information”, que sería un error; y “mal-information”, que busca dañar, con discursos de odio.
Hugo Jofré, director de Administración Pública de la USS, se pregunta “¿Quién definirá qué es desinformación?, ¿Quién definirá qué es verdad o mentira? La comisión genera más preguntas que respuestas y se refleja en que ha despertado preocupación en la oposición y en parlamentarios PS”.
Seymour asegura que es fundamental tener este tipo de instituciones en el país. “Es interesante instalar la idea. No se trata de censurar, sino de identificar y evaluar acciones que buscan desinformar y que pudieran impactar negativamente en el flujo de información que se comparte. Me imagino que no existe la intención de limitar la libertad de expresión”.
“Más allá de las creencias de los integrantes de la comisión, la sola idea de instalar la voluntad de erradicar la desinformación ya es un avance hacia la democratización del acceso a la información”, añade Seymour.
