Medidas concretas para enfrentar la crisis de la asignación de recursos para fundaciones salió ayer a anunciar el Ejecutivo, en palabras de la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien reiteró que “somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga. Esto no se trata de superioridad moral y nada por el estilo, se trata de cómo actuamos, del estándar que hacemos valer cuando nos enfrentamos ante denuncias o posibles irregularidades”.
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En concreto, La Moneda conformará un equipo de Expertos para la Probidad y la Integridad Institucional, un grupo de trabajo que tendrá un plazo acotado, de 45 días, para “establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, donde primen los principios de transparencia, efectividad, eficiencia y rendición de cuentas”, según relató la ministra.
El grupo deberá identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración; fortalecer el conocimiento de la ciudadanía; proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia e integridad; revisar los mecanismos de control y dar propuestas para prevenir conflictos de interés y proponer sanciones.
De paso, Vallejo indicó que “cualquier requerimiento de información será entregado con cinco años de antigüedad”. Eso significa que las investigaciones incluirán buena parte de la administración de Sebastián Piñera.
Estas medidas son generales y van más allá de los casos que se han conocido últimamente. En ese mismo espíritu, son varias las iniciativas legislativas que están surgiendo.
Una es de la diputada Daniella Cicardini (PS), quien ingresó un proyecto de ley de Fundaciones Transparentes, que va en la línea de poder garantizar a la ciudadanía el buen uso de los recursos públicos. “Queremos hacernos cargo de poder darle esa garantía a la población, pero también queremos proteger a las fundaciones que cumplen un rol serio, comprometido y honesto. Esta es una oportunidad para mejorar nuestros estándares de probidad”, declaró.
Desde la oposición, la diputada Camila Flores (RN) solicitó al Ministerio de Justicia caducar la personalidad jurídica de las corporaciones y fundaciones que están siendo investigadas y que se inhabilite de forma perpetua a quienes siendo parte de asambleas, directorios o ejerciendo labores remuneradas en estas fundaciones, se hayan visto involucrados en el traspaso de fondos públicos. “Y existe una responsabilidad de la cual no se ha hablado, que le compete fuertemente al Ministerio de Justicia, pues es este organismo el que entrega las personalidades jurídicas de las corporaciones y fundaciones”, señaló Flores.
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Pérez presenta licencia y arriesga expulsión de bancada
No hubo retorno de la diputada Catalina Pérez al trabajo, tras la semana distrital, pues presentó una licencia médica hasta fines de la misma. Y al regresar podría no tener bancada, pues los diputados del Frente Amplio aclararon que replicarán en el Comité lo que decida el Tribunal Supremo de RD. Es decir, si la mantienen suspendida o la expulsan, tendrá la misma suerte en esa asociación de la Cámara.
“Porque la diputada es integrante de esta bancada en tanto es militante y parte de Revolución Democrática”, explicó la jefa de bancada, Camila Rojas (Comunes), quien encabezó un punto de prensa en el que destacó que “cuando algo nos parece grave no solo damos declaraciones, vamos a tomar acciones de fiscalización y legislativas”.
El grupo impulsa también una comisión investigadora e invitó a las partidos con solicitudes similares, como RN, a unirse en una sola.
Mientras, el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, desestimó entrar en polémicas con Pérez, quien lo trató en duros términos, y se limitó a indicar que “me parece que es una polémica artificial. Hoy día es el momento de hablar en el Tribunal Supremo del partido y también en Fiscalía”.
