La Comunidad Palestina en Chile emitió una declaración pública condenando la deportación de la ciudadana chilena Antonia Ríos Gidi, de 17 años, por parte de Israel. Antonia había viajado a Tel Aviv para participar en un campamento de verano en la ciudad palestina de Ramallah, organizado por la “Friends Union Meeting” con sede en Estados Unidos.
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En la declaración, la Comunidad Palestina expresó su rechazo al “brutal control de fronteras” impuesto por Israel, que impidió el desplazamiento hacia el Estado de Palestina, reconocido como tal por Chile.
Según antecedentes, Antonia fue sometida a extensos interrogatorios en el aeropuerto de Tel Aviv, donde se le negó el acceso a sus medicamentos necesarios para su tratamiento médico, a pesar de haber sufrido inconvenientes de salud. Además, fue informada de que sería trasladada a un centro de detención y fue “tratada de manera vejatoria por las autoridades israelíes”.
La Comunidad Palestina en Chile también condenó las deportaciones de chilenos de origen palestino y los crímenes de lesa humanidad perpetrados contra el pueblo palestino. Manifestaron su solidaridad con “las familias chilenas de origen y ascendencia palestina que han sido afectadas por este tipo de trato y control fronterizo”, que impide la reunificación familiar de palestinos y la visita de turistas a Palestina.
Asimismo, realizaron un llamado al Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Chile, Alberto van Klaveren a “condenar de forma clara y enérgica las deportaciones de chilenos de origen palestino y a tomar acciones para evitar este tipo de hechos”.
Por último, instaron a Chile a “tomar medidas de reciprocidad frente a las vejaciones y humillaciones que los chilenos han experimentado al intentar visitar Palestina por parte del Estado Ocupante que les impide el acceso”.
En un video grabado por la joven, aseguró que toda la situación ha sido “muy confusa”, ya que le quitaron su pasaporte sin mayor explicación y no ha obtenido mayor información sobre su situación.
Además agregó que le quitaron su teléfono móvil, se le ha negado acceso a alimentos, a sus medicamentos y sus objetos personales. La menor de edad relató que se le informó que sería trasladada a un centro de control y detención, sin embargo, gracias a intervención del exterior se pudo quedar en el aeropuerto, donde le facilitaron una habitación.
