Ya sea que ocurran o que se haga público que ocurrieron, los casos de robos a instituciones públicas no paran. Consumados o sólo intentos. La noche del martes, dos corporaciones de asistencia judicial fueron violentadas y de ellas se robaron, claro, computadores; a la vez que la Defensoría de la Niñez, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, reconoció un robo similar que ocurrió el 15 de julio. El último caso debe ser el que más llamó la atención, pues se supo que un individuo entró al Ministerio Público, aunque no robó nada, en un caso similar al segundo ingreso en el Mideso.
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Alejandro Díaz, director general de las corporaciones de Asistencia Judicial confirmó que a las oficinas en La Cisterna y San Ramón ingresaron desconocidos que se llevaron “dos computadores en ambos casos, que contienen información de las causas que patrocinamos, de personas de escasos recursos, que está respaldada. No existe otro tipo de informaciones que tengan las corporaciones”.
No fue todo. Tras filtrarse la información, la Defensoría de la Niñez confirmó que once ordenadores les fueron sustraídos el 15 de julio, oportunidad en la que se hicieron las denuncias respectivas. De acuerdo al organismo, que depende del ministerio que encabeza Giorgio Jackson, el hecho se produjo en un “cowork” compartido por empresas e instituciones públicas.
En este caso, también hubo sustracción de computadores personales y no institucionales, aunque todos los datos también estarían a salvo y, además, los funcionarios ya cuentan con equipos de respaldo. Este hecho también debería ser investigado por la fiscal especial, Tania Sironvalle.
Por si fuera poco, el propio organismo que investiga delitos, el Ministerio Público, sufrió lo que sería un intento de robo. De acuerdo a lo que contó el propio fiscal nacional, un sujeto ingresó a las oficinas principales del organismo, entró a dos despachos y se paseó por el piso donde trabaja el propio fiscal Ángel Valencia, pero no logró robar nada. “Fue un incidente de seguridad muy grave”, relató el fiscal nacional, quien expuso que el hecho ocurrió “hace unos meses” y que como nada se había perdido, “fue detectado días después”. Incluso, las cámaras captaron al intruso comiendo papas fritas y tomando bebida en los pasillos.
Los ingresos al Ministerio de Desarrollo Social, tres veces; el intento de entrar al de Bienes Nacionales; las dos corporaciones atracadas ayer; el caso de la Defensoría de la Niñez y el “paseo” dentro de las dependencias del Ministerio Público han sido comentadas por políticos con diversos ángulos. Pero dos abogados, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y el citado fiscal nacional, Ángel Valencia, tienen un particular desencuentro: ¿qué tan común es que ocurra este tipo de hechos?
Cordero señaló ayer que “el acceso a oficinas públicas y privadas en el centro de Santiago y en otros lugares es más recurrente de lo que probablemente muchos crean”. Valencia, por su parte, indicaba a la misma hora y a pocos metros, que “la palabra común es ambigua. Lo que he dicho es que no es común que se ingrese a un ministerio a robar computadores, pero no cabe duda de que son delitos comunes”.
En otra arista, el secretario general de RN, Diego Schalper, llegó a la Contraloría para pedir un sumario a los empleados públicos de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, de Servicios Sociales y de Patrimonio Cultural que omitieron denunciar hechos que revisten caracteres de delito. Según el diputado “no le corresponde a ese funcionario saber si es un robo tentativo, frustrado o consumado”, “estos acontecimientos develan una inédita y compleja vulnerabilidad en los sistemas de seguridad del gobierno central” y acusó que “vemos una complicidad pasiva y una inercia por parte del gobierno de Gabriel Boric por hacer custodiar los edificios públicos y las informaciones relevantes”.
