El expresidente del PS Osvaldo Andrade parafraseó ayer una expresión muy delicada de la historia política chilena: “Este es un gobierno de mierda, pero es mi gobierno”, dijo el también expresidente de la Cámara de Diputados, recordando una pancarta exhibida en apoyo a la UP a meses del Golpe de 1973.
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Hablando en Canal 13 sobre el Caso Convenios, Andrade dijo tener “la mejor opinión del Presidente Boric” y que su idea es que “ayudemos a resolver el problema, esa es mi lógica, porque este es mi gobierno, con un montón de críticas”.
No pasaron inadvertidas las palabras de Andrade. La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó: “Quisiera decir ¿en qué parte del mundo un gobierno que hace en el plazo de un año el ajuste fiscal, evitando que aumente la pobreza, un Gobierno que saca adelante un royalty a la minería o un aumento al salario mínimo, puede darle vergüenza a una persona progresista? Realmente me sorprende la frase del señor Andrade”.
Mientras, las consecuencias de los casos de asignaciones directas que explotaron en Antofagasta entre el seremi de Vivienda de esa región y la Fundación Democracia Viva siguen dejando esquirlas. A esta última organización se le encontraron $294.957.312 en la cuenta bancaria, una cifra muy similar a los $294.384.230 que propuso la misma organización devolver, una vez que el Ministerio de Vivienda les solicitó entregar $391 millones.
El asunto se conoció luego de que se ejecutara la medida precautoria pedida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) de retener los bienes y dineros de la fundación.
En otra arista, Camila Polizzi, excandidata del Frente Amplio que ha sido cuestionada por “arrendar” una fundación para postular a un proyecto de $ 250 millones en Concepción, interpuso una denuncia en la Fiscalía del Biobío contra el exseremi Eduardo Vivanco por amenazas. “Una alta autoridad de Gobierno habló expresamente de sicariato”, dice el texto.
De paso, en una declaración, Polizzi descartó que quisiera silenciar a un testigo luego de que se conociera un audio que le envió. “Niego absolutamente estar obstruyendo a la Justicia. El motivo de mi llamada (al presidente de la fundación que “arrendó”) fue darle tranquilidad, y bajo ningún criterio silenciar, callar o esconder hechos”, manifestó.
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En este escenario, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, acudió ayer a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde respondió cuestionamientos respecto de su labor y expuso, como en oportunidades anteriores, los vicios, en especial de discrecionalidad que ve en el sistema.
Bermúdez propuso algunas soluciones, como no restringir la apertura de concurso solamente a transferencias corrientes; incluir los convenios en el sistema de rendición de cuentas Sisrec de la Contraloría; exigir boletas de garantía; aplicar el estatuto de probidad de la ley que modifica la ley de compras y fortalecer el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos.
Tras la cita, Bermúdez abordó la frase del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien afirmó que hay “corrupción” en los casos de fundaciones, e indicó que “se coló el virus de la corrupción. Si usted quiere, puede llamarlo corrupción”.
A última hora de la tarde, en tanto, renunció la seremi de Culturas de la RM, Alejandra Jiménez, cuestionada por traspasos a una ONG que ella misma fundó.
