“A instancias del Rey Carlos III”, señalan desde FRVS, el partido de Susana Herrera, se estaba organizando el proyecto Living Lab Biobío para crear un mercado de madera en Santa Juana, la localidad del Bío Bío golpeada por los incendios. Hasta ahí todo bien, pero el plan ha sido cuestionado porque Herrera, embajadora en Reino Unido, no habría informado a la Cancillería de su proyecto; porque el monto que estaba pidiendo a la Gobernación era de 4 millones de dólares y porque, según ha trascendido, la propia enviada a Londres tiene una empresa de madera. Encima, la presidenta del Federación Regionalista Verde Social aseguró que decidieron detener el proyecto cuando estalló el primer Caso Convenios.
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El proyecto buscaba darles nueva vida a los terrenos afectados por los incendios forestales “basado en bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles en la Región del Bío Bío”, dice el proyecto que esperaba ser financiado con aportes públicos y privados.
Para eso, Herrera le envió una carta con membrete de la Embajada al Gore de Biobío, Rodrigo Díaz, donde detalla que la iniciativa es “en colaboración con Circular Bioeconomy Alliance (CBA), fundación creada por Su Majestad el Rey Carlos III, y el prestigioso estudio de arquitectura Zaha Hadid”, aunque la idea original nació de la propia embajadora, que inició las gestiones con las citadas instituciones, sin embargo, no adjuntó ningún documento.
La Gobernación se desligó del asunto, pues aclararon que “sostuvimos una cita por videoconferencia con la señora embajadora, pero no se materializó nada”.
Tampoco iba a ocurrir, porque el inicio del Caso Convenios encendió las alarmas en el partido. De acuerdo con el relato de la presidenta de su colectividad, Flavia Torrealba, “descarto cualquier irregularidad. Es un proyecto que no vio la luz, una serie de conversaciones que se hicieron a instancias del Rey Carlos III que se detuvieron una vez que estalló el Caso Democracia Viva para no confundir a la opinión pública con la fundación del Rey y los escándalos”.
De paso, Torrealba aseguró que la Cancillería sí estaba informada del proyecto y que “de ninguna forma, directa ni indirectamente, beneficiaría a la embajadora”. En cuando la Cancillería se enteró, ordenó que se detuviera cualquier acción.
El caso, develado por La Tercera, generó diversas reacciones, buena parte de ellos pidiendo la renuncia de la embajadora Herrera, desde la oposición, pero también desde el socialismo democrático.
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El presidente de la UDI, Javier Macaya, planteó en CNN que “no tengo memoria de haber visto un embajador haciendo lobby por un proyecto de esta envergadura. Esto debe implicar la pérdida del cargo”. El senador Rojo Edwards (Rep.) planteó que uno se pregunta quién iba a administrar esos cinco millones de dólares. Susana Herrera no debe seguir siendo embajadora”.
La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, indicó que “con los antecedentes que aparecen, resulta bastante complejo que una autoridad esté interviniendo en un asunto que pudiera favorecerla. Pero hay que estar abiertos a escuchar la versión de la embajadora”. El diputado PS Daniel Manouchehri declaró que “lo que uno espera de las autoridades es que cuando cometen errores de este tipo tengan la capacidad de no esperar los sumarios, sino que dar un paso al costado”.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “ella está en evaluación, se está recabando la información, pero, lo que ha salido, a simple vista no corresponde”.
