Cinco ejes tienen las medidas compartidas ayer por el Ejecutivo en temas de derechos humanos, que comprenden proponer nuevas leyes, modificar proyectos actuales y darles urgencia a algunos otros. Lo que más se comentó fue la idea de levantar el secreto, con estrictas condiciones, bajo el cual quedaron sellados los testimonios en la Comisión Valech (que investigó la prisión política y tortura en Dictadura), todos con la idea de ayudar al Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos lanzado hace unos días.
PUBLICIDAD
El plan del gobierno comprende definir la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada; la tipificación de los delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal; un Plan Nacional de Memoria y Patrimonio; la eliminación de la restricción de información de las llamadas leyes secretas y el citado levantamiento del secreto.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que el levantamiento de este secreto de la Comisión Valech “consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes de los Informes Valech 1 y Valech 2 en los mismos términos que lo tiene actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos para trazar las trayectorias de cada persona detenida y hecha desaparecer”.
El titular de Justicia aclaró que para este acceso debe haber un “previo consentimiento de las víctimas o sus herederos. Se establecerá la facultad para que las personas decidan voluntariamente alzar ese secreto en los mismos términos que ha venido sucediendo en la actualidad”
La diputada Ximena Ossandón (RN) fue una de las políticas que critićo la idea señalando que no se pueden cambiar las reglas para quienes entregaron su testimonio bajo reserva. “Es impresentable que sea el mismo Presidente de la República quien traicione a todas aquellas personas que podrían haber ido a la Justicia, pero no fueron porque existía esta confidencialidad”.
La diputada Carmen Hertz (PC) la rebatió: “Quiero decir con mucha claridad que el secreto fue establecido con posterioridad a los testimonios entregados por las víctimas. No es cierto que se les haya garantizado secreto”.
La diputada Ericka Ñanco (RD), mientras, declaró que “este levantamiento del secreto va en la línea de encontrar más antecedentes que nos ayuden a dar con el paradero de detenidos desaparecidos”.
PUBLICIDAD
Así como Ossandón, criticaron la medida el diputado Stephan Schubert (Ind./Rep.), quien indicó que “este Gobierno está en un frenesí por los 50 Años y no ha sabido muy bien cómo abordarlo. Levantar el secreto es muy delicado, se puede cometer el error de revictimizar, aquí hay personas que hablaron con libertad pensando en que no iban a estar vivos al momento de levantar el secreto”, mientras que Jorge Guzmán (Evópoli) agregó que “hemos visto del Ejecutivo cierta pirotecnia al respecto de los 50 Años y esto es una muestra. Esto no necesita legislación, cuando una persona voluntariamente quiere transparentar su declaración puede hacerlo hoy sin una reforma legal”.
“No puede haber un tercero que decida a nombre de las víctimas, ni siquiera sus herederos”, añadió el diputado Eric Aedo (DC).
Desde las organizaciones de Derechos Humanos, Lautaro Correa, de la Agrupación Antonio Llidó, dijo que la idea “es un avance en esta materia; sin embargo, igual creo que se debieran desclasificar todos los elementos que están relacionados con los represores”.
