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Preocupación en el Poder Judicial por propuesta de presupuesto 2024 entregada por Hacienda

Según la Corporación Administrativa de este poder del Estado, la partida de dinero sería insuficiente.

Foto web/ 24 Horas
Poder Judicial

El Consejo Superior de la Corporación Administrativa, en sesión extraordinaria realizada el 13 de septiembre, revisó el proyecto de presupuesto 2024 para el Poder Judicial, manifestando su preocupación ante la falta de recursos para el desarrollo de proyectos indispensables de ejecutar, que comprometen la operación normal de este poder del Estado.

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El presidente (s) de la Corte Suprema y el director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, informaron a esta entidad superior que el viernes pasado en reunión sostenida con el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, recibieron el proyecto de presupuesto correspondiente a la partida número 3 del Poder Judicial, el cual presenta una actualización monetaria de un 3,2%.

Este presupuesto, de acuerdo con lo mínimo necesario para funcionar, no es suficiente para cubrir las necesidades operacionales de este poder del Estado, considerando, entre otros aspectos, que los contratos con distintos proveedores están expresados en Unidades de Fomento, lo que establece una brecha difícil de cubrir con el presupuesto asignado el cual se estructura en pesos.

Todo lo anterior impacta integralmente la función jurisdiccional de los tribunales chilenos con el objetivo ulterior de brindar a la ciudadanía un servicio oportuno y de calidad.

El Director de la corporación señaló al Consejo Superior que, de acuerdo con lo convenido entre el presidente (S) de la Corte Suprema y el ministro de Hacienda, el martes 12 de septiembre se realizó una reunión con la Dirección de Presupuestos y especialistas de ambas instituciones, sin alcanzar los acuerdos necesarios que permitan incrementar en esta etapa el presupuesto comunicado.

Debido a lo anterior, el Consejo Superior manifiesta su preocupación por la propuesta presentada porque implica un grave compromiso con la operación del Poder Judicial en áreas críticas, como ser el funcionamiento de tribunales que integran el Poder Judicial, así como el déficit de recursos que impactará negativamente en la adjudicación de nuevos proyectos en materia de infraestructura, al no contarse con el presupuesto necesario para el desarrollo de los mismos durante el año 2024.

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