El asunto ya era un flanco abierto para el Gobierno, pero ayer se descontroló luego de que la Contraloría entregara un lapidario informe sobre las pensiones de gracia a víctimas del “estallido social”. El texto compromete a varias reparticiones del Estado y, lo más grave, apunta a que algunos beneficios fueron entregados a personas que ni siquiera acreditaron su calidad de víctimas.
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Contraloría analizó a fondo 144 de las 418 pensiones de gracia entregadas -todas en 2022, lo que compromete tanto al Gobierno actual como al anterior- y estableció que en 58 de ellas los beneficiados tenían antecedentes penales y en 19 no hubo informes médicos que acreditaran las lesiones o bien se trataba de documentos ilegibles, aunque nueve de esos casos fueron finalmente corregidos por el INDH.
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No obstante, la Contraloría igualmente apuntó contra el organismo (ver nota secundaria) ya que diez personas que no cumplían los requisitos sí pasaron el colador.
En cuanto a los delincuentes beneficiados -condición que por sí misma no inhabilita la pensión de gracia- el informe verificó que 58 “tienen antecedentes penales por condenas, con resultado de multa, prisión y reclusión o presidio, incluidos delitos violentos”.
“En efecto, se tuvo a la vista antecedentes que dan cuenta de beneficiarios que tienen más de 10 condenas, por diversos tipos penales, entre los cuales se advierten delitos de estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, entre otros”, especificaron. El caso de pornografía infantil fue el primero que atacó el Gobierno y ya fue revocado (ver recuadro).
Ante este panorama, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de cuya repartición depende el Departamento de Acción Social (DAS), encargado de asignar las pensiones, admitió que “nunca debería haber ocurrido que se entregaran pensiones de gracia a quienes tenían antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Nunca debió haber ocurrido, por lo tanto es un hecho grave”.
A Monsalve, de hecho, la oposición ya le está pidiendo el puesto. “Lo que aquí estamos presenciando es de tal gravedad, especialmente porque tenemos que formarnos una opinión acabada sobre cuál ha sido el manejo de información que ha hecho el gobierno que me parece que la continuidad del subsecretario del Interior está en entredicho”, dijo el diputado de RN Diego Schalper.
Mientras,la ministra del Interior, Carolina Tohá, intentó defender la posición del Gobierno al recordar que “las pensiones de gracia se otorgan en virtud de un procedimiento que definió la Ley de Presupuestos en 2021, que se aplicó en 2022 y en base a un oficio que dictó el entonces subsecretario (Juan Francisco) Galli”.
La crisis también le había abierto un frente interno al Gobierno, luego de que dirigentes del PC criticaran la idea de revocar las pensiones y amenazaran con llevar el caso a tribunales internacionales.
El secretario general del partido, Lautaro Carmona, avisó que no harán tal y dijo que la idea fue “una conclusión que sacaron los medios”.