BUENOS AIRES (AP) — Las mujeres latinoamericanas llegan a otro 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con motivos para protestar en las calles por sus derechos.
PUBLICIDAD
Las exigencias de igualdad a los gobiernos acumulan cuentas pendientes y este año, además, enfrentan nuevas amenazas de retroceso con la llegada al poder de hombres, como el presidente ultraderechista argentino Javier Milei, que han desechado abiertamente las políticas contra la discriminación.
La violencia de género se mantiene como uno de los problemas más acuciantes, acumulando muertes de mujeres y sin que la política pública haya corregido los índices de impunidad que van aparejados a las agresiones y feminicidios.
Pero no es la única deuda del sistema con ellas, que aún lidian con menos espacio en posiciones de poder y mayor precariedad laboral.
Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una mujer es asesinada por razones de género en el continente cada dos horas.
Además, en posiciones de decisión, las mujeres no llegan a ocupar ni uno de cada tres puestos en gabinetes ministeriales en Latinoamérica. Les corresponde el 28,7% de estos espacios en el promedio regional y solo en dos países, Chile y Costa Rica, se llega o supera la paridad.
Peor es la realidad de las trabajadoras. Son las que asumen mayoritariamente los trabajos no remunerados, usualmente en la esfera privada. En el mejor escenario, el de las brasileñas, dedican un 22,1% de su tiempo de trabajo a tareas no pagadas. Pero en la mayoría de países latinoamericanos, esta dedicación sin remuneración oscila entre un 30% y un 42% de tiempo de trabajo.
PUBLICIDAD
En cambio, en el caso de los hombres, apenas de un 15% a un 23% de su tiempo de trabajo se va a tareas no retribuidas. En ningún país, supera el 25% de su tiempo, según Cepal.
De ahí que estén previstas multitudinarias manifestaciones el 8 de marzo, con reivindicaciones por las cuentas pendientes y ante el riesgo de retrocesos.
Mientras en Argentina las mujeres temen que el gobierno Milei suponga la pérdida de conquistas como el aborto legal, en México la casi segura llegada de una mujer a la presidencia será un examen para un país con un alto índice de violencia de género.
El combativo movimiento feminista convocó a marchar en todo el país, en rechazo a los intentos de Milei de derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en repudio a la violencia machista y contra el empeoramiento de la situación económica de las mujeres con las medidas de ajuste del nuevo ejecutivo.
Dos días antes del 8 de marzo, Milei –que llegó al poder el 10 de diciembre— volvió a apuntar contra la ley de aborto de 2020 y sostuvo que “es un asesinato agravado por el vínculo”.
La norma contempla el derecho a un aborto libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación y amplía ese plazo en caso de violación o riesgo para la vida de la mujer.
Florencia Alcaraz, una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos contra la violencia de género, dijo a The Associated Press que ahora “con el desfinanciamiento del sistema de salud y una retirada del Estado en un montón de planos, lo que está en riesgo es el acceso y el goce de una vida reproductiva saludable y con menos riesgos”.
Sobre el ajuste económico, afirmó que los despidos, el aumento de tarifas y el recorte de planes sociales "nos afectan como trabajadoras, madres, jubiladas y cuidadoras... Toda crisis económica afecta mucho más a las mujeres”.
Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y lo redujo a una subsecretaría contra la violencia de género.
El Centro de Economía Política Argentina dijo que todas las políticas que el año pasado iban destinadas a reducir las desigualdades de género “están mostrando reducciones muy importantes en términos reales”, como en el programa Acompañar para casos de violencia de género que “perdió un 30% de su poder adquisitivo desde la asunción de Milei”, agregó en un comunicado. El gobierno no respondió públicamente.
Las próximas elecciones de junio de México podrían llevar por primera vez a una mujer a la presidencia, en uno de los países más violentos contra ellas, lo que abrió el debate sobre si esto irá acompañado de un avance en políticas de género.
Ninguna de las dos candidatas, la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez, ha incluido el aborto entre sus ofertas de campaña, pero sí se plantean medidas para la igualdad y la protección de las mujeres.
Las cifras de feminicidios en los últimos años han sobrepasado los 3.000 casos por año.
La activista María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dijo que espera que quien llegue a la presidencia enfrente al “conservadurismo de este país” e impulse políticas que “rompan con los estereotipos”.
Mariana Reyna, directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia la Mujer, también lo ve con optimismo, pero prefiere esperar a las acciones concretas. “Hay anuncios de que va haber un compromiso, pero eso no es garantía. Hemos visto mucho retroceso ahorita. Yo veo una ruta difícil”.
Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, anunció estar dispuesta a dar rango constitucional a la igualdad de las mujeres, a asegurar el derecho a una vida libre de violencia y erradicar la brecha salarial.
Para disminuir los feminicidios, se comprometió a activar un programa similar al que aplicó en la alcaldía capitalina para prevenir y denunciar la violencia familiar, promover fiscalías especializadas y obligar a que cada muerte de una mujer sea investigada como feminicidio.
Por su parte, Gálvez pretende atacar la alta incidencia de feminicidios y desterrar lo que ha considerado la “falsa idea” de que la violencia contra niñas y mujeres indígenas responde a costumbres culturales.
Sobre el aborto, despenalizado en 2021 por la Suprema Corte de Justicia, ha afirmado que ya es un derecho y que no dará “ni un paso atrás”, pero no ha hecho ofertas concretas para garantizar a las mexicanas una interrupción segura del embarazo.
Aunque en México no está permitido que una mujer vaya a la cárcel por abortar, sólo en trece de los 32 estados del país se ha legalizado la interrupción del embarazo, lo que genera trabas.
Es uno de los países más flexibles de Latinoamérica sobre interrupción voluntaria del embarazo, desde hace dos años cuando la Corte Constitucional aprobó la despenalización hasta la semana 24 de gestación. Un avance que las defensoras de los derechos de la mujer todavía celebran, mientras piden su efectiva implementación sin dilaciones.
En el acceso a las esferas políticas, el gobierno del izquierdista Gustavo Petro ha buscado paridad en los ministerios y postuló a tres abogadas como candidatas a fiscal general.
No obstante, los feminicidios siguen siendo una gran preocupación. Al menos 21 mujeres fueron asesinadas en enero, de acuerdo con la Procuraduría. Uno de los casos más recientes fue el de Laura Lopera, de 20 años, encontrada sin vida dentro de una maleta en Medellín. Las autoridades señalaron como presunto responsable a un canadiense que habría sido su pareja y huyó de Colombia.
El gobierno del izquierdista Gabriel Boric, que se ha declarado abiertamente feminista, cuenta con el gabinete más paritario de la historia del país y por primera vez con una mujer al cargo del Ministerio del Interior.
Tras siete años de tramitación, se aprobó la ley integral contra la violencia a las mujeres, que fortalece la institucionalidad para proteger a las víctimas de violencia, incluye a niños como víctimas y no solo como testigos, amplía el concepto de violencia a las relaciones de noviazgo e incorpora la violencia gineco-obstétrica.
Esta ley es valorada por Gabriela Rosero, jefa de ONU Mujeres Chile, como un “gran avance” que sitúa al país al nivel de otros en la región y en el mundo para “fortalecer el sistema de prevención”.
En el camino de deudas pendientes, una ley de aborto más abierta que la que existe, donde se permite el aborto terapéutico en tres causales desde 2017, pero que presenta muchos obstáculos en la práctica por la objeción de conciencia de profesionales e instituciones enteras.
El aumento de la violencia criminal y la mirada esquiva del gobierno de turno, de tinte conservador, ponen con saldo rojo la lucha de las mujeres por la igualdad, lo que significa que en materia de derechos hay un retroceso, según activistas.
Para la activista y profesora de la Universidad Central, Milena Almeida, se registran los más altos niveles de violencia contra las mujeres, algo en lo que ha incidido el contexto de inseguridad y la reciente declaración del conflicto armado interno en el país.
El año pasado hubo 321 femicidios, de ellos, 172 tienen relación con estructuras criminales, aseveró. Y eso, dijo, es debido a que el Estado no tiene voluntad política ni destina fondos para hacer cumplir los derechos de las mujeres, a lo que se suma un sistema judicial lento o inoperante para protegerlas.
Este Día Internacional de la Mujer, además, llega sumergido en la polémica por un caso de una violación grupal a dos estudiantes de secundaria de un reconocido colegio privado por parte de tres de sus compañeros. “Es una muestra de que no hay enfoque de género en las familias, en los establecimientos educativos y tampoco voluntad de hacer cumplir los derechos de las mujeres por parte del Estado”, manifestó Mayra Tirira, abogada y vocera de la organización feminista Surkuna.
Pese a los avances en papel, como la exigencia de paridad en la Asamblea y en candidaturas presidenciales o la ley contra el acoso y la violencia política a las mujeres, la igualdad tampoco está garantizada en Bolivia. Las mujeres políticas bolivianas no tienen un poder de decisión real, según activistas.
“En Bolivia aún no se cumple a cabalidad el derecho de la mujer a decidir, porque los varones aún no nos ven como iguales y es difícil que desde el poder se les dé su lugar”, dijo Tatiana Mariaca, responsable de la unidad de género en la ong Bolivia de Conexión, dedicada a mitigar las desigualdades.
“El problema de las leyes es que tenemos muy buenas en el papel, pero no se respetan”, agregó.
——— Calatrava contribuyó desde Buenos Aires y Sánchez y España desde Ciudad de México; Astrid Suárez, desde Bogotá; Patricia Luna, desde Santiago; Gabriela Molina, desde Quito; y Paola Flores, desde La Paz.
