Finalmente, el 13 de agosto de este año debe entrar en vigencia en su totalidad la Ley N° 21.368, más conocida como Ley de plásticos de un solo uso, que prohíbe entre otras cosas el uso de materiales desechables al interior de establecimientos que permiten el consumo de alimentos, algo que diversos gremios estan pidiendo postergar por la dificultad que aseguran, tener para su implementación.
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De esta manera, la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga); la Cámara Nacional de Comercio (CNC); la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur); la Cámara de Centros Comerciales y la Asociación Gremial de Industriales Gráficos (Asimpres), solicitaron al Gobierno aplazar por 18 meses la entrada en vigencia de esta fase final, fijada para el 13 de agosto de este año.
Y es que pese a que los gremios mencionados aseguraron compartir el espíritu de la ley, que busca reducir la generación de residuos, señalan que prohibir no solo los plásticos, sino también aquellos que permiten su valorización y compostaje, representa un retroceso en materia ambiental tanto para el país como para un sector que ha avanzado significativamente en la adopción de envases amigables con el medioambiente.
Falta de reglamento y solicitud de aplazar la entrada en vigencia de la normativa
Según indicaron a través de un comunicado, “como consecuencia, la implementación de la ley actual implicaría a todos estos locales a lo largo del país adoptar diversas medidas para usar solo productos reutilizables a partir de agosto, que van desde invertir en vajilla lavable y maquinaria hasta realizar adaptaciones estructurales en los locales, asumiendo en muchos casos altos compromisos económicos”.
En su petición a las autoridades de Interior, Medio Ambiente, Economía, Hacienda y Secretaría General de la Presidencia, los gremios solicitan que se reevalúen los plazos actuales, para que se establezcan directrices claras sobre los requisitos que la industria deberá cumplir en relación con las limitaciones fijadas por la normativa, y la revisión de los aspectos centrales de la ley.
Los gremios además aseguraron que hay un retraso en la dictación del reglamento de la ley, cuya consulta pública cerró el 11 de abril y que debía estar lista 18 meses antes de la entrada en vigencia de la ley, es decir, a más tardar el 13 de febrero de 2023, plazo que no se cumplió.
Debido a esto, y en la medida de que el cronograma original de la ley contemplaba que este reglamento hubiese estado listo 18 meses antes de su puesta en marcha, los gremios piden la postergación de la entrada en vigencia hasta 18 meses después de que esté dictado el reglamento definitivo, puntualizando además que todavía hay incertidumbre sobre algunas materias y poca claridad.
