Una fiscalización vehicular en el aeropuerto de Santiago a un Jaguar, dejó en evidencia que el reconocido abogado Christian Espejo, no tenía los documentos al día del lujoso vehículo, presentando papeles vencidos desde año 2012, hace más de una década atrás.
Así quedó en evidencia durante un control de tránsito que fue grabado por el matinal de Mega, Mucho Gusto.
“La documentación que él presenta es de 2012. Cuando lo ve el sistema, la revisión técnica indica lo que él menciona, pero la documentación que presentó es de 2012″, contó el periodista Danilo Villegas, respecto al Permiso de Circulación y Seguro, “entre otros”.
En su defensa, el abogado señaló que “Venía llegando de La Ligua y lo traje (a mi hijo al aeropuerto). No sabía que tenía toda esta ‘escoba’. (El auto) es mío, pero lo usa él. Va a la universidad. Hace tres años que se lo pasé a él”, sostuvo.
Además, agregó que podría haber sido víctima de una clonación.
“Me pasó con una camioneta una vez. Una (Ford) F150 que me la robaron y apareció clonada. Yo creo que puede haber algo de eso”, se justificó.
De igual forma, desde Carabineros aclararon que “esto es una falta, no un delito, así que el vehículo fue retirado de circulación con la correspondiente multa”.
Producto de ello, Espejo tuvo que entregar el vehículo y retirarse en un taxi.
Mediático caso contra Daniel Jadue
Christián Espejo es el abogado que defendió a la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista (DIB), contra el alcalde de Recoleta Daniel Jadue.
El motivo fue por la orden de demoler un edificio terminado en calle Dardignac N°44, el cual no habría respetado los permisos de edificación, según el plano regulador.
El proyecto de la discordia se denomina “Conjunto Armónico Bellavista” y contempla tres torres residenciales, una de las cuales ya está funcionando y otra no se encuentra construida.
El problema abarca al segundo edificio, que si bien está listo para ser entregado, la Recepción Municipal de Recoleta no ha dado el permiso para que pueda ser habitada al acusar que sus 16 pisos exceden los 9 establecidos en el plan regulador.
El caso llegó hasta la Corte Suprema, donde se rechazó un recurso de protección que buscaba la entrega de los departamentos retenidos.
