Pasada la Cuenta Anual del Congreso y con las elecciones de octubre en el horizonte, los temas que han sido considerados “urgentes” volverán o seguirán estando en la primera página del interés. El voto obligatorio con multa para las municipales aparece como un adelanto de la discusión de fondo del cambio al sistema político, mientras que la agenda de seguridad -el llamado “fast track”- debería retomar la urgencia con que ha venido desarrollándose, calidad de imperiosa que también tienen las reformas de pensiones y tributaria.
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Sin embargo, las naturales diferencias entre sectores en el Parlamento se han visto complicadas por el problema que ha generado la obligatoriedad del voto de los extranjeros. Para el analista político Hugo Jofré, director de la carrera de Administración Pública de la USS, “nuestro país se encuentra en una situación compleja en términos de los avances en materia legislativa. A la fragmentación, se suma la dificultad que ha tenido el Gobierno de lograr victorias legislativas”.
La agenda es clara. De acuerdo al analista político Eric Latorre, director del Magister de Gobierno y Administración Pública de la U. Autónoma, “en las próximas semanas el tema de la seguridad volverá a tomar preponderancia (ver nota secundaria), por la necesidad de los actores políticos de posicionarse en torno a ella o si hay hechos que vuelvan a poner el tema, pero el Gobierno no lo va a querer discutir. En general, en las próximas semanas debieran aparecer los temas vinculados a las reformas de pensiones y tributaria que La Moneda quiere impulsar, porque sería muy difícil después de las elecciones municipales, especialmente si le va mal”.
El lío de las Municipales, que incluyen la votación en dos días, la obligatoriedad del voto extranjero, la multa por no participar y otros temas, comenzará a dilucidarse cuando el Gobierno ingrese y se conozcan los detalles del veto al proyecto, que se aprobó sin multa. Bien en general, desde la derecha quieren que los foráneros deban ir a votar y el Gobierno, que sólo los chilenos lo hagan.
En lo que hay cierto acuerdo es en bajar el pago por los votos emitidos, lo que aparece como una medida más general, incluida en el plan de hacer una reforma al sistema político, asunto que debería volver a la palestra después de las municipales o tal vez tras la inscripción de candidatos, este 27 de julio.
La discusión se ha centrado en la dispersión, es decir, el actual número de partidos que produciría falta de gobernabilidad, para lo que se ha propuesto el “umbral” del 5% (mínimo de votos para acceder al Congreso) y la pérdida de escaño en caso de renunciar al partido que lo llevó al cargo.
La derecha acusó que el Gobierno había incluido a última hora el cambio de las reglas sobre el voto de extranjeros, lo que descomponía “las confianzas”, según una carta enviada al Presidente Boric. El analista político José Miguel Izquierdo, director de Iman Comunicaciones, explica cuánto influirán las acusaciones cruzadas en la agenda de reforma al sistema político: “El cambio tiene más que ver con otra cosa que con la obligatoriedad del voto o con las multas. Es muy difícil que se forme una mayoría suficiente con el Congreso actual, porque los mismos que se vieron beneficiados por el sistema proporcional, electos con muy baja legitimidad, hoy tienen la llave para trabar una reforma que es necesaria”.
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Desde el punto de vista de Hugo Jofré, “refleja la fragilidad del sistema el proyecto de pensiones (ver recuadro) y la incapacidad para obtener los votos en el Senado. Están mal puestos los incentivos, las coaliciones no encuentran motivo para la cooperación, lo que dificulta gobernar, pasa en esta administración y en las anteriores. Sin una reforma al sistema político es muy difícil que los gobiernos puedan lograr sacar adelante sus agendas legislativas y sus programas”.
Pensiones: Mirada técnica vs. política
No hay dudas de que la reforma de pensiones es el tema de mayor urgencia, de acuerdo a todos los sectores. Tras la recepción del informe de la mesa técnica, la idea de legislar (primer trámite recién) deberá votarse en la comisión de Trabajo del Senado en la última semana de julio, de acuerdo al deseo de la ministra del ramo, Jeannette Jara.
El analista José Miguel Izquierdo, de Iman Comunicaciones, asegura que uno de los caminos por los que debería avanzar el proyecto “debiese ser por la línea de la licitación del stock, como recomienda la mesa técnica”. Pero aclara que será un problema que “debe pasar por las manos del Ejecutivo, que no tiene una mirada técnica al respecto sino más que nada ideológica”.
Un fast track con velocidad crucero
En la Cuenta Pública del Congreso nuevamente se reflotó la propuesta del “fast track” legislativo para 32 proyectos en materia de seguridad, pero “a pesar de los esfuerzos de los distintos actores, el avance ha sido menor al esperado tanto por Gobierno como oposición, pero aún menos satisfactorio para la ciudadanía, que tiene altas expectativas ante la crisis de seguridad. El Gobierno se está quedando con poco tiempo y oportunidades para sacar adelante proyectos sustanciales que le hagan sentido a la ciudadanía”, indica el analista Hugo Jofré, de la USS.
Hace pocas semanas era la primera urgencia, ahora parece que no tanto, pero ha tenido avances. A fines de junio, por ejemplo, el Senado aprobó las Reglas sobre el Uso de la Fuerza (RUF), y los parlamentarios tienen hasta el 18 de julio para ingresarle indicaciones.
Eric Latorre, de la UAutónoma, explica que “la agenda de seguridad no se ha olvidado y está implícitamente presente con muchos casos policiales, pero al Gobierno no le interesa ni conviene que esté como agenda de primer orden y debate público, va a intentar dejar fuera ese debate, que perjudica a sus candidatos para las Municipales”.
Al contrario, asegura el analista, “la derecha sí lo necesita como elemento central de discusión pública, donde puede sacar ventaja respecto al Gobierno, lo cual irá avanzando cuando la elección municipal comience a tomar forma”.
