Esta semana debería ingresarse el proyecto del Ejecutivo para la construcción de una cárcel de alta seguridad y crear un equipo de elite de Gendarmería para vigilar a los 500 reclusos.
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La cifra no parece alta, porque la sobrepoblación en la RM es de cerca de 7 mil personas, pero no es solucionar ese problema la idea del Gobierno, sino aislar a los criminales más peligrosos. Hoy, esa función la cumple el Repas (Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad), nombre actual de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), en el sector de Pedro Montt, en Santiago, donde hay 300 reos en las zonas de Alta y Máxima seguridad. Un número similar se encuentra confinado en módulos especiales en otras cárceles.
El Repas fue remodelado en 2023, con una inversión de $3.700 millones, para mejorar la infraestructura, seguridad y tecnovigilancia 24/7. Se implementó más luminaria en celdas y pasillos, se aumentó en 65% el número de cámaras (a 387), incorporando algunas térmicas y sistemas de escaneo corporal y antidron automatizado. En Máxima Seguridad las celdas son aisladas y con régimen de tiempo en el exterior en horarios diferidos, para que no haya conversaciones, y las visitas son a través de locutorios.
Esos son los principios que tendrá, en general, la cárcel que se construirá. De acuerdo al Gobierno, el recinto se hará bajo los estándares internacionales, descartando el modelo del Presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Por ejemplo, la prisión más segura de Estados Unidos, ADX Florence, en Colorado, tiene 400 celdas individuales de concreto de dos por cuatro metros, con WC y ducha, con pequeñas ventanas y reclusos aislados 23 horas al día. La otra hora están afuera, pero también en una jaula. Tiene 1.400 compuertas de acero, rayos láser, perros, francotiradores y patrullas armadas. Nunca nadie ha escapado, pero sobre la escasa interacción humana, Amnistía Internacional ya manifestó sus reparos.
Muy diferente es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que construyó Bukele, donde cumplen condena hasta 40 mil personas, con celdas de 100 metros cuadrados con 30 reclusos fuertemente vigilados por guardias enmascarados. Tiene un par de baños, no hay ventanas, cubiertos, colchones ni áreas de esparcimiento. Las críticas de organizaciones de DD.HH. son innumerables.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expuso que se seguirá “el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado, fundamentalmente en Europa”. El futuro recinto tendrá celdas individuales que no pueden vandalizarse, con circuito cerrado de TV en cada una, cámaras térmicas, reconocimiento facial e inhibidores de señal para celulares. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, agregó que la idea es que “los internos tengan reclusión individual, sin comunicación con el exterior y visitas sin contacto físico, con patios que no permitan comunicación con otros reclusos”.
Así será la cárcel que se construirá, aunque la diputada Ximena Ossandón (RN), tras una cita entre Gobierno y oposición, dijo la semana pasada que “vimos lugares que están abandonados, que se podrían perfectamente reacondicionar, lo que sería bastante más rápido que construir una cárcel de 500 personas en tres años”.