Se esperaba que esta semana, o al menos durante los próximos días, el Gobierno envie el veto presidencial a la ley que permitirá la realización de las elecciones de octubre en dos días, para revertir el articulado que no castiga con multas a quienes no vayan a votar. Ayer, sin embargo, el Ejecutivo puso en duda este trámite y más bien adelantó que sondeará primero la situación en el espectro político.
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Fue la ministra vocera (s), Jeannette Jara, quien aseguró que el Presidente le pidió a su par de la Segpres, Álvaro Elizalde, realizar una ronda de consultas a fin de poder ejercer esa facultad o no.
El asunto se había entrampado -otra vez- el fin de semana, cuando se había puesto en cuestión la constitucionalidad de la posible norma, al establecer castigos para ciudadanos (chilenos) y no para electores (lo que incluiría a extranjeros con derecho a voto).
“El ministro Álvaro Elizalde fue mandatado por el Presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días de esta semana, a fin de poder de ejercer la facultad, o no, presidencial de imponer un veto, pero esta es una noticia que evidentemente va a surgir de esta conversación política, por la decisión que toma el Presidente de la República y que de todas formas es buscar que se resguarden los principios en los cuales hemos estado promoviendo”, declaró Jara.
El giro en la postura del Ejecutivo tuvo rápida repercusión en la oposición. La diputada Marlene Pérez (Ind./UDI) expresó que “el Gobierno ha perdido el pudor a tal punto que incluso estarían dispuestos a no presentar el veto con tal de acomodar los resultados de las elecciones de octubre a su favor”, mientras que su par Karen Medina (PDG) dijo que “estamos cercanos a que comience el próximo proceso electoral y el Gobierno aún no entrega certezas. Creemos que se debe reponer esta sanción para que el voto sea verdaderamente obligatorio”.
El diputado Andrés Longton (RN) advirtió que, si no se presenta el veto, “el Presidente estaría infringiendo gravemente la Constitución, que lo mandata a establecer en una ley orgánica las sanciones o multas en caso de no acudir a sufragar. Y si no lo hace, hay una infracción grave y eso puede tener consecuencias. Y además, denotaría un espíritu muy antidemocrático”.
En esa línea, más directo fue el diputado Luis Fernando Sánchez (Rep.), que amenaza incluso con una acusación constitucional contra Boric. “Un Presidente que no es capaz de defender nuestra democracia frente a las presiones no tiene las condiciones para ejercer el cargo”, afirmó en Cooperativa.
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“Evidentemente, el Presidente ha demostrado en múltiples ocasiones no respetar la Constitución, no respetar las leyes y valorar mucho más cómo conserva él el poder a toda costa y cómo conserva su sector político el poder a toda costa”, añadió el diputado.
Sánchez expuso también que “alterar las leyes electorales pocas semanas antes de una elección, pocos meses antes de una elección, es una conducta propia de dictaduras en otras latitudes, no una conducta que uno se imagina en un país que valora la democracia y que tiene una historia como la de Chile”.
