Desde la bancada del Partido Social Cristiano, el congresista Roberto Arroyo, impulsó un proyecto de ley que busca la prohibición de aplicaciones fraudulentas de préstamo e inversiones. Es enfático en que, además de ser un blanco para las amenazas de prestamistas, estas plataformas son un riesgo para la privacidad y seguridad de los usuarios.
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Arroyo, dentro del contenido de la iniciativa asegura que gran parte de las personas que acceden a sistemas de préstamos informales es por la compleja situación económica que pasa el país y por la serie de obstáculos para ingresar al mercado financiero formal.
“Estas aplicaciones no solo ofrecen préstamos rápidos y sin requisitos, sino que también ponen en grave riesgo la privacidad y seguridad de los usuarios (...). Estamos frente a una versión digital de los peligrosos préstamos ‘gota a gota’, que ya causaron grandes problemas a pequeños comerciantes y ciudadanos”, comentó el parlamentario de derecha.
El diputado es tajante en asegurar que estas aplicaciones ilícitas facilitan el acoso y amenaza por parte de estos prestamistas. Los usuarios se ven envueltos en un ciclo de endeudamiento perpetuo debido a la oferta constante de nuevos préstamos no solicitados.
Esta iniciativa también considera a las aplicaciones que prometen oportunidades de inversión extraordinarias, haciendo uso de imágenes de empresas estatales y figuras públicas para ganarse la confianza del usuario.
“Estas plataformas engañan a los usuarios con rentabilidades ficticias y luego les exigen pagos adicionales para retirar sus fondos, resultando en pérdidas significativas”, comentó el legislador.
“Es imperativo que las redes sociales verifiquen la legitimidad de lo que publicitan y exijan certificaciones de las empresas involucradas”, agregó Roberto.
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La moción propone prohibir la promoción y uso de aplicaciones no reguladas y establecer responsabilidades para aquellos que las promuevan o faciliten.
Por último, el congresista del Bíobío enfatizó en la urgencia de tratar esta problemática: “La ciudadanía necesita protección frente a estas prácticas fraudulentas que explotan su vulnerabilidad económica y ponen en riesgo su seguridad y bienestar”.
