La migración irregular se percibe como un elemento fundamental de la crisis de seguridad que se vive en el país. Si no, no hubiera ocupado buena parte de la reunión a la que llamó el Ejecutivo, partiendo por el Presidente Boric, junto a parlamentarios de varias comisiones, la semana pasada en Cerro Castillo.
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Sin embargo, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró que se hará lo posible para distinguir entre los delincuentes que han ingresado al país y aquellos extranjeros que han ingresado irregularmente, pero no realizan acciones delictuales. En Tele13 Radio, la jefa de cartera indicó claramente que “si tratamos toda la migración irregular con la misma prioridad, metemos en el mismo paquete a personas que, efectivamente, entraron de manera irregular al país, pero que no vienen a delinquir, que vienen a trabajar”.
La frase divide a los sectores políticos, que en muchos casos piden medidas duras. Para el diputado oficialista Daniel Melo, jefe de la bancada socialista, Tohá apunta de buena manera. “Comparto con la ministra Tohá que la migración irregular no puede ser vista como un todo homogéneo. La gran mayoría de extranjeros viene a trabajar y en busca de nuevas oportunidades”, manifiesta.
“Acá, el Estado debe focalizar su esfuerzo en perseguir y sancionar a aquellas personas que vienen a delinquir, no obstante se deben tomar las medidas necesarias para que el ingreso a Chile sea por pasos autorizados”, agrega el congresista.
En la oposición la crítica es dura, pues hace tiempo acusan que el Ejecutivo busca regularizar a extranjeros en masa y suman esta opinión de Tohá a esa “campaña”.
El diputado Andrés Longton (RN), de la Comisión de Seguridad, asegura que “la postura de la ministra nos condena a tener que esperar a que se pierda una vida para expulsar a irregulares, algo inaceptable. La prioridad debe ser expulsar antes de que delincan y para eso no hay que distinguir, ya que además eso genera incentivos para seguir ingresando de manera ilegal”. Su par Cristhian Moreira (UDI), de las comisiones de Defensa y RR.EE., añade que “poner el foco en los migrantes problemáticos es ambiguo, confunde a la ciudadanía. El otro migrante que es ‘sólo irregular’, también trae una problemática”.
En tanto, el diputado Roberto Arroyo (PSC), de la Comisión de Defensa, comenta que “la respuesta de la ministra demuestra la nula acción que quiere realizar el Gobierno en materia de inmigración ilegal. Es evidente que la ministra desconoce la realidad de los habitantes del norte, los deja desprotegidos”. El miembro de la Comisión de RR. EE. Stephan Schubert (Rep.) asegura que “Interior ha fracasado y ahora empiezan a hacer distinciones entre migración irregular deseable y migración irregular indeseable”.
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Desde la Fundación Migrantas, su directora, Vanessa González Peña, expone que “es desproporcionado el abordaje criminalizador que se ha tenido con la migración irregular. Es cierto que el Gobierno debe implementar medidas con respecto a la seguridad, efectivamente existe una gran proporción de personas con voluntad de estar regular. Esta gente trabaja contribuyendo con el país, es importante que dejen de meterlos a todos en el mismo saco de la criminalidad”.
“Esta mirada debería ser transversal a todas las autoridades e instituciones, ya que los discursos de odio que se han generado en torno a la migración están haciendo mucho daño, promoviendo una violencia simbólica y dificultando todavía más la convivencia”, añade la directora del grupo que busca promover los Derechos Humanos de mujeres migrantes y refugiadas en Chile.
En la mira proyectos de ley y comisión de expertos
La agenda legislativa tiene también la migración como una de sus preocupaciones y en la reunión entre Ejecutivo y Legislativo de la semana pasada, el tema se tocó. En T13 Radio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró, respecto del futuro Ministerio de Seguridad, que se va a “generar una comunidad de expertos que le den seguimiento al debate público de la seguridad y le pongan contexto a las cosas que se dicen”.
Para el diputado Stephan Schubert (Rep.), “la creación de este nuevo Ministerio de Seguridad no es más que hacer crecer el Estado. La forma de abordar el problema migratorio ha sido equivocada, pero las personas siguen en los ministerios, no hay una autocrítica”.
En tanto, lo de las comisiones, gusta poco. El diputado Cristhian Moreira (UDI) comenta que “de comités de expertos nos hemos llenado, hay para salud, pensiones, educación. Antes de una medida así, llamo al Gobierno a reflexionar qué tan efectivos están siendo los denominados expertos en el combate contra los males que tenemos como sociedad”.
Pero esa es una de las ideas. El conjunto es criticado por Vanessa González Peña, directora de Migrantas, quien dice que “como organización nos ha preocupado y generado muchas alarmas que sólo en este año se hayan introducido más de una decena de proyectos de ley que buscan restringir o hacer retroceder derechos para la comunidad migrante, tanto irregular como regular, en educación, salud, vivienda, derechos políticos, como al voto, incluso la solicitud de nacionalización”.
La lista de propuestas legales “es una consecuencia de haber criminalizado la migración”, agrega González, de origen venezolano. “El Ejecutivo tiene una responsabilidad importante de no reproducir estas miradas. La solidaridad internacional que promueve con respecto a las crisis en los países de la región, que también se exprese en el trato hacia la migración que ya está en Chile”, cierra.