ÁNGELA VIVANCO
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Línea de favores y el escándalo bielorruso
Ángela Vivanco (61) ingresó a la Suprema en 2018 desde la academia; es decir, no era una jueza de carrera, pero el entonces Presidente Sebastián Piñera la eligió como “cupo externo” (5 de los 21 jueces). Su arribo no era bien visto por la izquierda, pues fue presidenta del UCC (partido de Francisco Javier Errázuriz, para cuyas empresas también trabajó), candidata a diputada por RN y académica del Instituto Libertad. Como abogada alegó contra la píldora del día después, del aborto y a favor de la objeción de conciencia institucional.
Pese al perfil, una vez en la Suprema votó a favor del cambio de sexo registral de una persona trans y no mostró, como se especulaba, que fuera contrapeso del presidente de la Tercera Sala, Sergio Muñoz, más relacionado con la izquierda. Tuvo varios votos contra las isapres. Como vocera criticó las propuestas de la Convención Constitucional, pero debió dejar el cargo en junio de 2023 por dar en una entrevista su interpretación personal de un fallo sobre los excedentes que las isapres, asunto que no estaba acordado.
La AC sería por pedir ayuda a Luis Hermosilla cuando postulaba y, como ejemplo de retribución, en 2021 el abogado le pedía que integrara una sala en una causa de su interés. En un mensaje, su pareja, Gonzalo Migueles, habría presionado a un fiscal. Vivanco habría ayudado a designar a un Conservador de Bienes Raíces. Aparte, se le cuestiona por sus fallos express y antes de estar en tabla a favor de una empresa bielorrusa, y en contra de Codelco, que era representada por un cercano, aunque ella niega esa amistad.
JEAN PIERRE MATUS
Los negados chats con Luis Hermosilla
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Jean Pierre Matus (57) fue propuesto en 2021 por el expresidente Sebastián Piñera y obtuvo apenas los 30 votos de quórum en el Senado para asumir en octubre. Su postulación fue polémica, pues se le cuestionaba haber asesorado al Ejército en causas por violaciones a los DD.HH. durante la Dictadura, el caso compra de pasajes y el de espionaje a periodistas. Entre 2014 y 2015 militó en el Partido Socialista, al que renunció cuando la Presidenta Michelle Bachelet lo designó como abogado integrante de la Corte Suprema.
En ese cargo habría apoyado la media prescripción de los delitos de lesa humanidad, los que, dijo, deben verse caso a caso. Una vez en la Suprema, también se cuestionó que ocupara un puesto en la Sala Penal: en esa Segunda Sala vio algunos asuntos sobre la muerte del conscripto Franco Vargas, en las que no se inhabilitó pese a eventuales conflictos de interés debido a su cercanía con las Fuerzas Armadas.
Matus enfrentaría unaacusación constitcional además de las investigaciones del Comité de Ética y de la Fiscalía, por negociación incompatible, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Primero negó cualquier conversación con Luis Hermosilla; luego, reconoció únicamente un nexo privado por haber conseguido un texto para la defensa que hizo Hermosilla de la AC contra Andrés Chadwick. Pero se descubrió un mensaje de cuando Matus fue designado, agradeciendo a Hermosilla, supuestamente, por su gestión.
MARIO CARROZA
Influencias para designar un notario
Mario Carroza (73) fue propuesto por el ex Presidente Piñera, en diciembre de 2020, y concitó coincidencia, partiendo por lo que decía el ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI) sobre él. Consiguió 35 votos en el Senado contra seis abstenciones o rechazos desde la UDI y un RN. El día que asumió se comprometió a una “elaboración consensuada de reformas a la carrera judicial, al régimen disciplinario y nombramientos”.
El magistrado es conocido por su labor en Derechos Humanos incluso desde la Dictadura. Llevó el caso Quemados, la Operación Cóndor, las adopciones ilegales y las muertes de Salvador Allende, Pablo Neruda, Alberto Bachelet, Eduardo Frei Montalva y Jaime Guzmán. Condenó a Juan Emilio Cheyre por la Caravana de la Muerte, y a Bruno Villalobos, por torturas en 1985. En la Suprema conforma la Tercera Sala, la misma de Vivanco y Muñoz, el presidente.
Carroza ya está sometido a la Comisión de Ética de la Corte Suprema por conversaciones con el exjuez Juan Antonio Poblete, donde pide ayuda, solicitada por un tercero, para la nominación de un notario en Tierra Amarilla. Su AC no ha sido acordada y hasta la semana pasada era apoyada por escasos parlamentarios y propuesta por la diputada Camila Flores (RN), quien tiene un perfil abiertamente pinochetista. “Más allá del cuestionamiento que muchos nos hacemos a cómo él ha impartido justicia, otra cosa son los hechos que justifican la acusación constitucional”, dijo la parlamentaria.
SERGIO MUÑOZ
Datos clave para un negocio de su hija
Sergio Muñoz (67) arribó al máximo tribunal en 2005, propuesto por el Presidente Ricardo Lagos, con 36 votos a favor en el Senado, cinco más que el quórum necesario, y ocho en contra, con lo que se convirtió en el magistrado más joven en llegar al máximo tribunal (tenía 48 años). La votación estuvo marcada por la solicitud del presidente, Sergio Romero (RN), para que la sesión fuese pública, lo que no se aceptó.
Como ministro en visita y juez del crimen tuvo a cargo casos como el de Tucapel Jiménez, la investigación contra Claudio Spiniak y contra Gemita Bueno y el desafuero de Augusto Pinochet por la causa Banco Riggs. En la Suprema ha sido su presidente y hoy lidera la Tercera Sala, donde ha tenido fuerte injerencia en fallos sobre salud, como aquel que obligaba al Estado e isapres a costear medicamentos de alto valor, o, a las aseguradoras, ajustar sus tablas de factores y devolver lo cobrado, así como otros medioambientales, como contra la termoeléctrica Castilla.
La acusación constitucional que hasta ahora impulsa la derecha se basa en una supuesta filtración de información hacia su hija Graciela, quien es la titular del 12º Juzgado de Garantía, pero por un tema privado. El magistrado supo y le habría advertido a su hija que un proyecto inmobiliario se iba a retrasar, por lo que le recomendaba quitar el dinero invertido en una promesa de compraventa que había cerrado.
