Los diputados Roberto Arroyo (PSC) y Karen Medina (independiente) oficiaron a la ministra del Medioambiente, Maisa Rojas, solicitando información detallada sobre las medidas que la Superintendencia del Medioambiente y otros organismos vinculados a su cartera, están adoptando para monitorear, controlar y mitigar los posibles efectos negativos del proceso de cierre de la planta metalúrgica de Huachipato. La preocupación central radica en los impactos que este cierre podría tener tanto en el medioambiente como en la salud de las personas.
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El diputado Arroyo explicó que “el inminente cierre de la planta no solo afectará gravemente la economía regional, dejando a miles de trabajadores desempleados, sino que también ha generado preocupación por los posibles riesgos ambientales en la población”.
Diversas informaciones indican que la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner, manifestó inquietud ante la posible emisión de sustancias nocivas durante el proceso, pero hasta ahora no se ha entregado información clara a la comunidad sobre los potenciales riesgos ni las medidas de mitigación.
Los legisladores enfatizaron en la importancia de que las comunidades cercanas sean debidamente informadas sobre los riesgos que podrían enfrentar y las acciones que se están implementando para minimizar cualquier impacto negativo. “Es fundamental que las personas sepan si están en una zona de riesgo y puedan tomar decisiones informadas sobre si permanecer en esos sectores. La salud es un tema importante y me preocupa que no haya claridad sobre este punto”, declaró Arroyo.
Entre la información solicitada a la ministra en el oficio, los diputados pidieron detalles sobre la existencia de un plan de cierre aprobado por la autoridad ambiental, así como la identificación de sustancias nocivas que podrían emitirse, el plan de monitoreo en curso, los recursos humanos y financieros destinados a este proceso, y las coordinaciones realizadas con otros servicios públicos y el titular del proyecto para enfrentar una posible contaminación.
Al respecto, la diputada Medina subrayó en la necesidad de un plan de difusión efectivo “las comunidades tienen que estar completamente informadas sobre las fechas, riesgos y medidas adoptadas durante el cierre de la planta, garantizando así un proceso transparente y seguro para todos los involucrados y para eso el Gobierno tiene que responder con prontitud”.
“El cierre de la planta de Huachipato no solo representa un impacto económico para la región, sino que también plantea serios riesgos para el medioambiente y la salud de las personas. Es fundamental que el Gobierno y las autoridades competentes aseguren un proceso de cierre transparente y responsable”, concluyó la congresista.
