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Caso Procultura: Fiscalía allana casa de Alberto Larraín y otros 13 domicilios de funcionarios

Tras los operativos, se decomisaron celulares, computadores, discos duros y el servidor de la fundación acusada de “fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias”.

Un total de 14 domicilios, 12 de ellos en la Región Metropolitana fueron allanados en el marco de la investigación por financiamiento ilícito en campañas políticas que pesan sobre la fundación Procultura. Esto, luego que se descubrieron depósitos de dinero que levantaron algunas sospechas.
Una de las viviendas intervenidas por la Brigada Anticorrupción de la PDI fue la del co-fundador de la ONG, Alberto Larraín en la comuna de Ñuñoa, a quien le incautaron su celular, computadores y otros dispositivos.
Alberto Larraín, Procultura (Rodrigo Mejías)

Un total de 14 domicilios, 12 de ellos en la Región Metropolitana fueron allanados en el marco de la investigación por financiamiento ilícito en campañas políticas que pesan sobre la fundación Procultura. Esto, luego que se descubrieron depósitos de dinero que levantaron algunas sospechas.

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Una de las viviendas intervenidas por la Brigada Anticorrupción de la PDI fue la del co-fundador de la ONG, Alberto Larraín en la comuna de Ñuñoa, a quien le incautaron su celular, computadores y otros dispositivos.

Junto a él, fueron pesquisados otros integrantes como contadores, directores y jefes en nueve comunas capitalinas. Dentro de los hallazgos, se encontró el servidor de la fundación “que hasta ayer no había sido encontrado por la policía en las solicitudes que se había hecho con anterioridad por el equipo investigador”, informó La Tercera.

La causa a cargo del actual Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti “investiga la presunta comisión de delitos de fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias, conocida como “caso Pro Cultura”.

“Se incautaron especies como CPUs, notebooks, laptop, discos duros externos, tablet, teléfonos celulares, pendrives, chip telefónicos y documentación de interés para el desarrollo de la causa. Además, se recopilaron evidencias importantes para la investigación, entre ellos las bases de datos de correo electrónico, nubes informáticas con antecedentes de la fundación. En total se efectuaron ingresos a 14 domicilios, 12 de ellos en la Región Metropolitana”, indicó Fiscalía Regional de Coquimbo.

¿Qué se investiga?

Días atrás salió un reportaje de El Mostrador que reveló el supuesto modus operandi que utilizó la fundación para realizar financiamiento ilegal en campañas políticas.

Este consistía en realizar contrataciones por un suelto “ficticio”, el cual quedaba plasmado en las respectivas boletas, pero en la práctica solo le pagaban hasta el 70% de lo estipulado en el contrato. El otro 30% era devuelto por el trabajador que prestaba el servicio y ese dinero era destinado para financiar campañas.

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Según indicó el citado medio, esto quedó descubierto al revisar la contabilidad de la fundación, donde se encontraron depósitos sospechosos, los cuales figuraban como “ingresos”. Cinco de esos depósitos serían de la exprimera dama, Irina Karamanos, aunque ella lo desmintió categóricamente.

De igual forma, quedó demostrado que ella sí trabajó entre el 2021 y 2022, en el proyecto “Recreo ¡Nos gusta el arte!”, mismo nombre con el cual figuraban los depósitos bancarios.

“Niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de $973.500 mensuales”, publicó.

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