Archivada quedó la segunda acusación constitucional que pesaba en contra de la destituida jueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, luego que los senadores acogieran por unanimidad el informe emitido por la Comisión de Constitución del Senado, que propuso “declarar improcedente” el libelo “por carecer de objeto y finalidad”.
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El documento se elaboró tras la consulta que realizaron los comités parlamentarios respecto del curso que debía seguir la tramitación de la acusación constitucional, luego que el Senado decidiera aprobar el primer libelo acusatorio en contra de la exmagistrada por notable abandono de deberes, el 16 de octubre pasado.
Además del informe, los senadores escucharon la opinión de los abogados constitucionalistas Marisol Peña y Patricio Zapata.
Sobre el punto, la expresidenta del Tribunal Constitucional sostuvo “que la expresión no es rechazar la acusación. Creo que esa expresión sería equívoca. La alternativa no es aceptar o rechazar, sino que más bien propongo que lo que el Senado debe hacer es dejar constancia que resulta improcedente pronunciarse en los términos mandatados por la Constitución, por lo que debe disponerse el archivo de los antecedentes”.
Patricio Zapata, por su parte, sostuvo que “por falta de objeto y de finalidad” es improcedente pronunciarse sobre la segunda acusación constitucional.
Segunda AC contra Vivanco
La admisibilidad de esta segunda acusación constitucional contra Ángela Vivanco fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 14 de octubre, con 131 votos a favor y una abstención.
En el libelo presentado por el oficialismo, en el primer capítulo se acusaba a Vivanco de entregar indebidamente información por causas vinculadas a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El segundo, en tanto, apuntaba a su influencia en el nombramiento de jueces. Mientras que el tercero hacia referencia a la entrega de consejos procesales para la integración de salas penales. Y el cuarto a las irregularidades en el caso “muñeca bielorrusa”, causa relacionada a Codelco.
Además, la AC señalaba que “el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es el señor Andrés Chadwick”; lo que llevó al exministro del Interior a querellarse contra los diez parlamentarios que firmaron la acusación.
