Con la medida cautelar de prisión preventiva quedaron 32 internos del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), de la comuna de Santiago, imputados por hechos ocurridos entre el 6 y 27 de junio, relacionados a delitos de daños, lesiones y amenazas a gendarmes.
PUBLICIDAD
La mayoría de ellos, de nacionalidad venezolana y vinculados a la organización delictual del Tren de Aragua, quienes según relato del ente persecutor, provocaron por aquellos días una serie de destrozos avaluados en más de 250 millones de pesos al romper sanitarios, lavamanos, baldosas, vidrios, ventanales, y luminarias del recinto penitenciario, entre otros; y agredieron al menos a unos 16 gendarmes, a quienes intimidaron con “amenazas creíbles contra ellos y sus familias”.
Destrozos y amenazas de reos del Tren de Aragua
La formalización en contra de los reos fue realizada por el fiscal Francisco Jacir y la abogada Susana Unanue, quienes consiguieron dicha resolución en la audiencia de cargos luego que el juez reconociera que los actos cometidos por detenidos los situaba como “un peligro para la seguridad de la sociedad”.
Si bien la treintena de imputados ya estaban bajo el régimen de arresto en el recinto carcelario, el persecutor del Ministerio Público argumentó que esta prisión preventiva era requerida “toda vez que la necesidad de cautelar esta investigación dice relación con estos hechos en particular, y no con aquellos por los cuales están cumpliendo la prisión preventiva en otra causa”.
“Podría ocurrir, por ejemplo, que quedaran en libertad en otra investigación y nosotros nos enteráramos tardíamente y, por tanto, no alcanzáramos a solicitar dicha medida cautelar”, expuso Jacir, quien valoró positivamente la decisión del tribunal porque dieron “por acreditado los hechos por los cuales fue formalizada esta investigación”.
“Estos son los delitos de daños que se ocasionaron en el recinto penitenciario de alta seguridad de Gendarmería, las amenazas de distintas índoles a sus funcionarios y las lesiones que se causaron”, explicó el fiscal, quien también aludió a que dicha formalización en contra de los imputados bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado consideró el impacto en la infraestructura que los destrozos de los reos provocaron al Repas.
“Quedó inutilizado incluso por varios meses con posterioridad a ocurrido estos hechos, razón por la cual, es que calificamos de ese modo jurídicamente los hechos, dada la especial agravación que esto tuvo y la alteración del régimen penitenciario”, concluyó.
