Hoy en el país tenemos a 120.584 familias viviendo en condiciones muy precarias, según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 dado a conocer este martes por TECHO-Chile.
La 12ª versión del estudio reveló la existencia de 1.428 asentamientos de este tipo, la cifra más alta desde 1996 y que representa un aumento del 10,6% respecto a la última medición, la de 2022-2023. En concreto, ello implica que son cerca de 350 mil las personas que habitan campamentos en el país.
En concreto, el alza equivale a la incorporación de 6.697 nuevas familias a campamentos entre 2023 y 2025.
“La falta de herramientas y de alternativas reales para salir de su condición mantienen a miles de familias estancadas en campamentos... El alto costo de los arriendos, los bajos ingresos y la necesidad de independencia son los principales factores que perpetúan esta tendencia, extendiendo los tiempos de espera por una solución definitiva a más de una década”, dijo Gonzalo Rodríguez, director ejecutivo de TECHO-Chile.
Y hay un dato alarmante: el 35% de las familias que vive en campamentos lleva más de catorce años esperando una solución definitiva, según la medición.
Al analizar la evolución del déficit habitacional en las últimas tres décadas, se muestra que, a partir de 2020, todos los componentes del déficit se han reducido o estabilizado, excepto el número de hogares en campamentos, que sigue aumentando sostenidamente desde 2011.
Además, entre 2023 y 2025 fueron cerrados 346 campamentos, pero menos del 30% de esas clausuras corresponde a soluciones habitacionales definitivas. El resto se debe a desalojos, traslados, migraciones entre campamentos u otras estrategias de las familias para encontrar alternativas.
“Aunque hay esfuerzos para disminuir el déficit habitacional en la última década, no están logrando impactar en la superación de los campamentos... Por eso la mayoría de estas familias sigue sin ser sujeto de política pública. Los campamentos representan hoy el 17% del déficit habitacional, por lo que no podremos enfrentar la crisis de vivienda sin abordarlos”, agregó Gonzalo Rodríguez.
De acuerdo al máximo responsable de TECHO-Chile, “la realidad de los campamentos no es homógenea, por lo que ver las 1.428 tomas como una sola sería un error... La sociedad, en su conjunto, está cayendo en un problema al estigmatizar a los campamento y creer que todos los que viven allí son delincuentes y aprovechadores, lo que no es así”.
E indicó que “quiene están en campamentos son trabajdaores en su gran mayoría, y están organizados para obtener una vivienda. Las familias habitan allí por necesidad, y creemos que hay una sensación de criminalizar esos asentamientos que no nos permite tratar el problema con la óptica correcta... Por ello con este catastro queremos llamar a los actores y principales autoridades del país, al mundo privado y a la sociedad civil a responder con soluciones concretas. Eso es lo que nos falta”.
La organización comunitaria dentro de los campamentos ha sido fundamental para avanzar hacia soluciones de vivienda.
Según el catastro, el 78% de los asentamientos cuenta con una directiva y el 69,1% tiene un comité de vivienda formalmente constituido, lo que facilita el acceso a mecanismos estatales como subsidios o mejorías de entorno. Asimismo, el 91% posee personalidad jurídica. Y entre las comunidades migrantes, el 80,4% tiene un comité y el 60,7% está trabajando activamente para alcanzar una solución definitiva.
“Pese al fortalecimiento de la organización comunitaria en los campamentos, sólo el 4% de los asentamientos cuenta en la actualidad con un proyecto habitacional colectivo en ejecución. Esto demuestra que, si bien la organización interna es crucial, ella sola no basta. Requiere de políticas públicas que traduzcan este capital social en resultados tangibles”, señaló Javiera Moncada, directora del centro de estudios de TECHO-Chile.
El catastro señaló que 447 campamentos están bajo amenaza de desalojo, y uno de cada tres ha recibido avisos formales o informales de expulsión, lo que afectaría a más de 43.000 familias. Y entre 2022 y 2023, 1.710 familias fueron desalojadas, en la mayoría de los casos sin que existiera una alternativa habitacional adecuada.
