El Presidente Gabriel Boric, actualmente en una visita oficial a Japón, se refirió a las filtraciones relacionadas con el caso ProCultura. Este luego de que su nombre apareciera en una interceptación telefónica en el marco de la investigación liderada por el fiscal Patricio Cooper.
PUBLICIDAD
Aunque Boric no figura como imputado ni testigo en la causa, se hizo pública una conversación privada entre él y la psiquiatra Josefina Huneeus, exesposa de Alberto Larraín, quien es el fundador de la Fundación ProCultura y un antiguo amigo del mandatario. Esta situación generó un ambiente de tensión y especulación en el ámbito político.
El fiscal Cooper solicitó autorización para “pinchar” el teléfono de Boric debido a sospechas sobre un posible financiamiento irregular de su campaña presidencial a través de ProCultura. Sin embargo, esta solicitud fue denegada por el sistema judicial.
Declaraciones del presidente en Japón
Desde Osaka, en el contexto de su participación en la Expo Mundial 2025, Boric aseguró estar tranquilo y reafirmó su compromiso con la institucionalidad. En sus declaraciones, manifestó: “Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad.”
El caso ProCultura es parte de la investigación conocida como “Caso Convenios”, que examina el uso de fondos públicos por distintas fundaciones, las cuales habrían recibido recursos mediante acuerdos directos y sin la debida supervisión. Esto ha generado un clima de desconfianza en torno a la gestión de ciertas instituciones y su relación con el financiamiento político.
Otra fundación mencionada en esta investigación es Democracia Viva, que ha puesto en aprietos a la diputada frentamplista Catalina Pérez. La conexión entre estas entidades y el manejo de recursos públicos ha sido objeto de intenso debate en el país.
Desarrollo judicial del caso
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta emitió el sábado una orden para que la jueza del Juzgado de Garantía de la ciudad, Sissi Bertoglio Cortés, justifique, en un plazo de 24 horas, la orden de interceptar el teléfono de Josefina Huneeus. Esto se debe a que ella no está en calidad de imputada en la causa y se cuestiona la legalidad de dicha acción.
PUBLICIDAD
El recurso de amparo presentado por los abogados de Huneeus alega que se ha cometido un acto de “espionaje” e ilegalidad en la interceptación de su teléfono. La Fiscalía, por su parte, argumentó que se trató de un error, ya que pensaban que el número pertenecía a Larraín. No obstante, buscaron mantener la intercepción al considerar que Huneeus podía tener información relevante para la investigación.
