Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público anunció que apelara a la resolución ante la Corte Suprema.
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La información la dio a conocer el nuevo persecutor del caso, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, luego de sostener durante la tarde de este martes una reunión de coordinación con Cooper y el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, en el marco del traspaso de la investigación.
El fiscal Castro señaló que la reunión se llevó a cabo por que se trata “de una investigación de alta complejidad” y con el objetivo que “se puedan hacer los traspasos de la información, de los antecedentes de investigación y de la evidencia, de la forma más expedita posible”.
En cuanto al fallo que acogió el recurso de amparo presentado por la defensa de Josefina Huneeus, expareja del fundador de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, en contra de las interceptaciones telefónicas dispuestas por Patricio Cooper a la Policía de Investigaciones (PDI) y autorizadas por la magistrada del Tribunal de Garantía de Antofagasta, Sissi Bertoglio-Talap, el fiscal Castro señaló que han “tomado la decisión como fiscalía regional de Antofagasta de recurrir respecto de la misma ante la Corte Suprema”.
El lapidario fallo contra la Fiscalía
En lo medular, el fallo estableció que “no solo se ha infringido la obligación general de fundamentación que ordena el artículo 36 del Código Procesal Penal y todos y cada uno de los requisitos y obligaciones que impone el artículo 222 del mismo texto legal,sino que se han validado actuaciones policiales al amparo de quien dirige la investigación, propias de tiempos pretéritos de la República,donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado”.
Tras la resolución, la Fiscalía Nacional informó que se removía del caso al fiscal Cooper, con el fin de “asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”.
En conversación con canal 13, el fiscal nacional Ángel Valencia, cuestionó el falló de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, sosteniendo que “más que contundente, contiene un conjunto de afirmaciones graves. Hay afirmaciones de hecho y opiniones jurídicas. Y además opiniones que van incluso más allá de lo jurídico. Leí algunas opiniones que me parece que son injustas“.
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