Luego del lapidario fallo emitido por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde se responsabiliza a la Fiscalía de avalar actuaciones policiales propias de la dictadura cívico militar en la arista Procultura del caso Convenio, debido a una serie de escuchas telefónicas ilegales en el marco de la indagatoria que llevaba adelante el fiscal Patrico Cooper, el Ministerio Público apeló a la resolución ante la Corte Suprema.
El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios -quien asumió la causa tras la remoción de Patricio Cooper- presentó un recurso de apelación ante el máximo tribunal tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus.
En la apelación, la Fiscalía asegura que el fallo contiene “opiniones personales o consideraciones de orden político”, agregando que “es dable prevenir la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada”.
Respecto a la calificación que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta al señalar que las actuaciones del Ministerio Público son “propias de tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulneradas por agentes del propio Estado”. El fiscal Castro las cuestinó.
Sostuvo que “la emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones o la analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país es susceptible de ser calificado como impertinente, atendido que la potestad ejercida por todo tribunal de nuestro país no contempla una prerrogativa de tal índole”.
En la apelación de la Fiscalía se pide a la Corte Suprema que “revoque la resolución recurrida y declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron, en lo concerniente a la amparada”.
De igual forma, pero en caso que no se acoga la apelación, el fiscal Castro pidió al máximo tribunal invalidar las referencias del fallo que contienen “opiniones personales o consideraciones de orden político”.
