La Asociación de Profesionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Aprojunji) respondió este jueves a la indagatoria de carácter penal que seguirá la Fiscalía Oriente a los más de 25 mil trabajadores públicos que entre 2023 y 2024 usaron licencias médicas durante sus vacaciones, de los cuales, el mayor número correspondió a funcionarios de su servicio.
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Según la información proporcionada por la Contraloría General de la República, el mayor número de irregularidades correspondió a Junji, con un total de dos mil 280 detecciones de licencias médicas mal utilizadas; siendo seguida muy de lejos por los mil 934 casos de la Fundación Integra y las 719 irregularidades detectadas en la municipalidad de Arica, las tres reparticiones públicas que más incidencia tuvo en este eventual delito de fraude al fisco.
Precisamente ese alto número detectado por Contraloría, y que será materia de investigación judicial por parte de la persecutora Lorena Parra, tras indicación de la Fiscalía Nacional, fue el que tocaron desde el gremio de empleados Junji, que mediante un comunicado de prensa aseveró que “somos los primeros interesados en que se sancione ejemplarmente a quienes incumplen el reposo indicado en una licencia médica o cometen fraudes”.
La respuesta de Junji por licencias para vacacionar
Sin embargo, precisaron que más allá de la cifra, y considerando el gran número de empleados de Junji, era evidente que este delito de carácter público los iba a considerar entre los de mayor incidencia.
“Junji cuenta con más de 23 mil trabajadores a nivel nacional. La magnitud de nuestra dotación hace que, proporcionalmente, cualquier análisis estadístico nos sitúe con números absolutos altos. Esa cifra, sin embargo, no puede traducirse en una estigmatización general de quienes ejercemos diariamente nuestra labor educativa con vocación y compromiso”, explicaron.
“Somos los primeros interesados en que se sancione ejemplarmente a quienes incumplen el reposo indicado en una licencia médica o cometen fraudes. No defendemos abusos ni faltas a la ética y la probidad”, insistieron, al paso que explicaron que “distinguimos con total claridad entre quienes se encuentran legítimamente enfermas/os y quienes vulneran la normativa”.
“Reconocemos las medidas que Junji ha puesto en marcha para abordar el ausentismo y detectar irregularidades, tales como la implementación integral de Licencias Médicas Electrónicas (LME) y el Plan de Ausentismo Laboral que, en coordinación con la COMPIN, permite validar alertas por posibles fraudes y activar los procedimientos administrativos correspondientes. Estas herramientas modernas resultan clave para asegurar la transparencia y dar prontitud a los procesos sancionatorios”, dijeron.
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Sobre el final de su misiva, los dirigentes de Aprojunji hicieron un llamado “a las autoridades competentes para acelerar los sumarios y procesos disciplinarios, resguardando la sobrecarga laboral que deberán enfrentar los funcionarios que deberán asumir como fiscales, y que estos procesos sean no solo para sancionar a quienes hayan incurrido en prácticas indebidas —incluidos los 221 casos (de un total de 2.280 licencias irregulares detectadas) actualmente en revisión—, sino también para restituir la honra de la gran mayoría de funcionarias y funcionarios que cumplen con su deber”.
“Instamos a que se realicen investigaciones que den cuenta de las licencias derivadas de sobrecarga laboral, enfermedades profesionales y riesgos psicosociales, incluyendo aquellas asociadas a Ley Karin y a situaciones de maltrato de usuarios. Estos antecedentes son indispensables para diseñar políticas preventivas y de cuidado del personal, y no sólo a realizar estudios punitivos”, puntualizaron.
“Sobreexponer a Junji sin el debido contexto genera un daño irreparable a la imagen institucional y vulnera la dignidad de miles de trabajadoras/es. Solicitamos a los medios una cobertura equilibrada, que distinga entre hechos comprobados y casos aislados, así como un seguimiento periodístico que incluya el avance de las investigaciones y sanciones”, finalizaron.
