Las parlamentarias de oposición, Carla Morales, María Luisa Cordero y Marcia Raphael, solicitaron a las ministras de Salud, Ximena Aguilera, y de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, revertir la modificación proyectada a la Norma Técnica N°150. Esta reforma, que implica la eliminación de unidades de urgencia gineco-obstétrica en la red pública, ha sido catalogada como un retroceso en los derechos de las mujeres y una amenaza para la calidad de atención sanitaria.
La diputada Carla Morales enfatizó los riesgos que esta medida representaría para las mujeres que necesitan atención especializada. “La modificación de la Norma Técnica N°150 por parte del Ministerio de Salud, tal como se ha descrito, definitivamente generará un grave perjuicio para la salud reproductiva de las mujeres y para la atención de los recién nacidos en la red pública de salud. Al unificar pabellones y urgencias gineco-obstétricas, y al trasladar servicios clave como Neonatología y Ginecología a áreas distintas, se compromete la calidad y especialización de la atención que estas poblaciones vulnerables necesitan”.
“Estas decisiones son incomprensibles y parece ignorar las necesidades específicas de la salud reproductiva y del parto, lo que podría tener graves consecuencias tanto para las mujeres como para los bebés que necesitan una atención especializada y oportuna”.“, sostuvo Morales, destacando la necesidad de proteger la atención específica para este grupo.
Por su parte, la legisladora María Luisa Cordero Velásquez manifestó su preocupación por el impacto que tendrá en los profesionales de la salud, particularmente en matronas y especialistas. “Estamos hablando de una reforma que ignora el trabajo y los avances de áreas como la neonatología y la ginecología. Las matronas, cuya labor es esencial, se verán desplazadas, y con ello, miles de mujeres perderán acceso a una atención digna y de calidad. Es una medida que prioriza los recursos sobre las vidas humanas”, declaró Cordero.
Finalmente, la congresista Marcia Raphael hizo un llamado al gobierno a rectificar esta decisión, calificándola como una incoherencia frente a los compromisos declarados con los derechos de las mujeres. “Un gobierno que se declara feminista no puede justificar esta medida bajo el argumento de racionalización de recursos. Estamos aquí para exigir una política pública que no discrimine ni retroceda en los derechos conquistados. Pedimos un compromiso real con la salud de las mujeres y no palabras vacías”, concluyó Raphael.
Las diputadas recalcaron la urgencia de mantener las unidades especializadas y de promover políticas que garanticen la atención integral de las mujeres en todo el país.
