En medio de la serie de datos que se han conocido en torno al caso que destapó el órgano contralor, el Ministerio de Hacienda señaló que del universo total de funcionarios del gobierno central que figuran en el informe, 9 de cada 10 habían ingresado al sistema público antes del año 2022, es decir, previo a que asumiera esta administración.
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Así se podría explicar cómo personas vinculadas a la oposición también son parte de las acciones que ordenó el gobierno y la Contraloría respecto del mal uso de las licencias médicas.
Entre las personas que han renunciado a su cargo, se suma la abogada Valeria Paredes, esposa del diputado de Renovación Nacional Mauro González, quien llevaba años trabajando en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en Los Lagos.
El parlamentario de oposición explicó que “es efectivo que Valeria aparece en el listado. En 2023 enfrentó una compleja situación personal que motivó la emisión de una licencia por salud mental después de que nació nuestra hija Dominga. Durante su proceso de recuperación viajó a Bariloche”.
Por tal razón, su esposa “decidió renunciar voluntariamente a su trabajo en la Junji, donde se desempeñó durante años. Sin perjuicio de lo anterior, el proceso administrativo debe seguir su curso con total objetividad, sin distinciones ni tratos diferenciados”.
Delegación Presidencial de Ñuble
El otro caso involucra a Lorena Jardua, actual consejera regional de la UDI por Punilla y además encargada de Departamento Social de la Delegación Presidencial de la provincia en la Región de Ñuble.
Fue el delegado presidencial, Rodrigo García Hurtado, quien informó que se “ha instruido un sumario administrativo en contra de una funcionaria de la Delegación Presidencial Provincial de Punilla, debido a la realización de mal uso de su licencia médica. La funcionaria en cuestión ya ha sido notificada sobre la determinación de la autoridad, dando inicio al proceso correspondiente”.
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La aludida, quien además fue alcaldesa de San Fabian de Alico, señaló en sus redes sociales que su “breve viaje a Argentina fue para buscar tratamiento para mi cáncer, no por placer. El año pasado fui diagnosticada con esta enfermedad, tema que mantuve en reserva y no quise utilizar electoralmente. Además, por el desgaste emocional que implicó en lo personal y para mi familia”.
Asimismo, detalló que “en medio de este desafío, y bajo una licencia médica de alrededor de tres meses, producto de la extirpación de mi tumor, evalué posibles tratamientos, entre ellos de la Fundación Intecnus, centro especializado en tratamientos radioactivos de medicina nuclear. El viaje lo hice por tierra, por pocos días y con recursos propios”.
Finalmente, señaló que “como ciudadana y funcionaria pública, colaboraré con todos los antecedentes que acrediten los hechos ya mencionados. Este es un caso excepcional”.
