Siete puntos aborda el documento elaborado por la Contraloría General de la República, el cual fue impartido este lunes 2 de junio a todas las reparticiones, con el fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativas detectadas en el informe dado a conocer por el organismo y que involucra a más de 25 000 funcionarios públicos.
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En la Contraloría explicaron que el propósito de la medida es “mantener un estricto control del avance de los sumarios vinculados al eventual mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos”, según el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC).
En el instructivo se especifíca “que corresponde a la autoridad determinar si instruye uno o más procedimientos disciplinarios considerando la cantidad de casos respecto de los cuales haya de efectuar indagaciones sea individualmente o en forma agregada respecto de determinados grupos de involucrados, conforme su grado, jerarquía u otros aspectos”.
Para tales efectos, se agrega que el fiscal que se designe “no debe tener una relación de dependencia o subordinación con el servidor investigado y, por otra, que goce de un grado o jerarquía similar o mayor, el fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar colaboración que se les solicite”.
Asimismo, se detalla que “en cuanto a la investigación, el fiscal podrá valerse de todos los medios de prueba. Sin embargo, con el objeto de acreditar los hechos de que da cuenta el CIC N°9, deberá contar, en primer lugar, de la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente".
Desde la Contraloría detallaron que “los sumarios deberán contar con un debido proceso, que en el ámbito administrativo implica un racional y justo procedimiento. Por ello, se debe velar continuamente por el derecho de defensa o de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa”.
Finalmente, se enfatiza que “están afectos a toma de razón, los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados instruir por la Contraloría en los servicios sometidos a su fiscalización. Asimismo, el inculpado podrá ejercer el derecho a reclamo ante la CGR”.
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Nueva plataforma
Desde la Contraloría dieron a conocer la plataforma informática Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), como parte de las mejoras en el registro, monitoreo, supervisión y trazabilidad de los procedimientos disciplinarios ordenados por el organismo a las municipalidades y los servicios públicos.
En órgano contralor sostuvieron que “para su implementación, cada entidad deberá designar dos funcionarios como contrapartes titulares y sus respectivos subrogantes, quienes estarán a cargo de subir al sistema en formato PDF, los actos administrativos y toda documentación vinculada a cada proceso de seguimiento vigente que sea requerida durante la tramitación de cada acción derivada, para su posterior análisis por el personal de la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría”.
