El diputado independiente Joaquín Lavín León, exmilitante de la UDI, enfrenta una grave investigación penal tras ser querellado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que lo acusa de presunta malversación de caudales públicos y fraude al fisco. La denuncia apunta al uso de facturas falsas y gastos inflados durante su campaña parlamentaria, lo que habría permitido desviar fondos del Congreso Nacional.
PUBLICIDAD
Según la querella, Lavín habría operado en conjunto con su exasesor Arnaldo Domínguez, utilizando las empresas MMG SpA y Modo 74 SpA para simular servicios informáticos inexistentes.
Una de las maniobras más llamativas consistió en la emisión de 151 facturas por más de $75 millones, bajo el concepto de mantenimiento de una página web que, de acuerdo a la investigación, se encuentra inactiva desde 2022, según consignó ADN Chile.
“El objetivo era obtener reembolsos indebidos desde el Congreso Nacional”, sostiene el CDE en el documento ingresado al Ministerio Público, donde además se solicita que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se haga parte de la causa ante la eventual existencia de delitos tributarios.
Piden prisión preventiva para Joaquín Lavín Jr.
El CDE pidió la prisión preventiva del parlamentario por considerar que existe riesgo de obstrucción a la investigación. En paralelo, la Fiscalía Oriente evalúa solicitar su desafuero, medida necesaria para formalizar cargos en su contra dada su calidad de diputado en ejercicio.
Uno de los testimonios en torno al caso es el de Aída Olivares, secretaria de Lavín, quien declaró que el diputado continuó rindiendo facturas falsas incluso después de dejar de usar los servicios supuestamente contratados. Para el CDE, no hay duda de que Lavín “instruyó y consintió” todas las operaciones, actuando con pleno conocimiento de su ilegalidad.
