Dos son los viajes internacionales que realizó durante 2023 la renunciada funcionaria, quien se desempeñaba como periodista, según el informe de la Contraloría General de la República que detectó que más de 25 000 trabajadores públicos habrían hecho mal uso de sus licencias médicas.
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Fiona Bonati expresó en su carta de renuncia que la decisión la tomó el mismo día en que fue notificada del sumario: “He tomado esta decisión con el firme propósito de contribuir a resguardar el buen funcionamiento y prestigio de la institución, valores que siempre he procurado honrar durante mi trayectoria en el servicio público”, consignó TVN.
“Por medio de la presente, comunico a usted mi decisión de presentar mi renuncia voluntaria e indeclinable al cargo de periodista que he desempeñado en esta institución desde mayo de 2013 y, específicamente, en esta unidad (SECOM) desde noviembre de 2020″, sostuvo.
Asimismo, expresa en la misiva su “total y absoluta disposición a colaborar con plena transparencia y compromiso en todas las instancias que se requieran durante la instrucción de dicho proceso”.
En conversación con el citado medio, la cuñada del presidente Gabriel Boric -casada con Simón Boric- indicó que “es efectivo que yo estoy en el listado de la Contraloría por dos salidas del país durante el 2023”.
“Son dos casos que fueron en la extensión de mi post natal, fue una alergia alimentaria que tenía mi hijo cuando nació. La verdad que yo no sabía que con la extensión del post natal, yo no podía salir del país”, explicó Bonati.
La profesional agregó que “esto no fue en dolo. No tenía conocimiento. Yo jamás, te lo juro, que jamás pedí una licencia para irme de vacaciones o para irme al exterior, ésta fue una extensión de mi post natal”.
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Instructivo Contraloría
Siete puntos aborda el documento elaborado por laContraloría General de la República, el cual fue impartido este lunes 2 de junio a todas las reparticiones,con el fin de determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades administrativasdetectadas en el informe dado a conocer por el organismo.
En el instructivo se especifíca “que corresponde a la autoridad determinar si instruye uno o más procedimientos disciplinarios considerando la cantidad de casos respecto de los cuales haya de efectuar indagaciones sea individualmente o en forma agregada respecto de determinados grupos de involucrados, conforme su grado, jerarquía u otros aspectos”.
Para tales efectos, se agrega que el fiscal que se designe “no debe tener una relación de dependencia o subordinación con el servidor investigado y, por otra, que goce de un grado o jerarquía similar o mayor, el fiscal tendrá amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar colaboración que se les solicite”.
Asimismo, se detalla que “en cuanto a la investigación, el fiscal podrá valerse de todos los medios de prueba. Sin embargo, con el objeto de acreditar los hechos de que da cuenta el CIC N°9, deberá contar, en primer lugar, de la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente".
Desde la Contraloría detallaron que “los sumarios deberán contar con un debido proceso, que en el ámbito administrativo implica un racional y justo procedimiento. Por ello, se debe velar continuamente por el derecho de defensa o de contradicción de todas aquellas personas que puedan resultar afectadas con la decisión administrativa”.
Finalmente, se enfatiza que “están afectos a toma de razón, los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados instruir por la Contraloría en los servicios sometidos a su fiscalización. Asimismo, el inculpado podrá ejercer el derecho a reclamo ante la CGR”.
