Prontamente se espera que la Fiscalía Metropolitana Oriente solicite el desafuero del diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín León, quien se encuentra investigado por fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible.
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Además, hace algunos días se sumó una querella en su contra por malversación de fondos públicos, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
En este escenario, el fiscal nacional, Ángel Valencia, fue consultado en el Congreso Nacional sobre el caso del parlamentario de la UDI, indicando que “hay una investigación que ya lleva larga data, si no me equivoco estaba vigente incluso antes de que yo llegara al Ministerio Público o se inicia en una fecha cercana. Dispusimos su agrupación para los efectos de darle un nuevo impulso. Esa investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Oriente, fue una decisión que tomé poco tiempo después de haber llegado a este cargo”.
Asimismo, Valencia explicó que “ya se presentó una querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, se presentó un conjunto de diligencias y, según se me ha informado, ya los fiscales a cargo de esa causa están en condiciones de comenzar a tomar decisiones”.
El fiscal nacional agregó que la solicitud de desafuero, “son las decisiones que normalmente corresponden a un caso como este. Todas las personas tienen derecho a que la investigación se extienda por un plazo razonable. En consecuencia, no pueden extenderse más tiempo que el prudente”.
Querella CDE
La acción judicial también individualiza a otros tres exasesores del diputado Joaquín Lavín, quienes son considerados como parte del círculo cercano del parlamentario y estarían involucrados en maniobras irregulares en la rendición de gastos. Ellos son Arnaldo Domínguez, Juan Alberto Silva y Felipe Vásquez Diéguez.
El motivo de la querella -formalizada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago- tiene que ver con supuestos desvíos de dineros que realizó Lavín para financiar su campaña política y la de otros candidatos de la UDI.
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Entre los antecedentes que se conocen, el parlamentario rindió ante la Cámara de Diputadas y Diputados cerca de siete millones de pesos como gastos, supuestamente legislativos, pero fueron usados para pagar la deuda personal que tenía con una imprenta.
