El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, encabezó la presentación del proyecto “Ley Anita”, iniciativa de su autoría que surge a raíz del fatal accidente ocurrido el pasado 16 de mayo en Chiguayante, donde un conductor bajo los efectos de la cocaína provocó la muerte de tres personas y dejó a otras seis con lesiones graves. Entre las víctimas estaba Ana Hernández, presidenta de la Unión Comunal de los Adultos Mayores de Concepción, de 63 años.
El proyecto busca establecer mayores garantías de seguridad para los usuarios del transporte remunerado de pasajeros, con énfasis en la protección de adultos mayores, personas con discapacidad y neurodivergentes. “Este proyecto se provoca por un accidente fatal donde una querida dirigente fallece. Queremos que el cuidado de nuestros adultos mayores sea importante, y eso implica control y corresponsabilidad desde las empresas de transporte”, señaló el diputado Arroyo.
La propuesta contempla medidas concretas como mayores controles toxicológicos periódicos a los conductores, capacitación obligatoria en buen trato hacia la tercera edad y sanciones más severas para quienes infrinjan la normativa. “No puede ser que personas que están bajo el efecto de drogas sigan transportando pasajeros sin control. Este proyecto busca prevenir tragedias como la que nos arrebató a Anita”, subrayó el parlamentario.
La instancia contó con la presencia de autoridades locales y parlamentarios que respaldan la moción. Entre ellos, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, quien valoró el respaldo transversal y sostuvo que la idea es que esto no quede solo en voluntades, sino que se plasme en una ley que establezca la fiscalización obligatoria de forma periódica.
Por su parte, Mario Pávez Maturana, presidente de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Concepción, afirmó que: “Este trágico accidente debe ser el resorte para que nuestras autoridades legislen con urgencia. Honrar a Anita es avanzar en protección y justicia”.
La diputada, también integrante de la bancada del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz, entregó su respaldo a esta iniciativa, destacando que: “el proyecto incorpora medidas importantes como mayor fiscalización y capacitaciones en buen trato. Es una respuesta necesaria ante hechos que se repiten con demasiada frecuencia”.
Por último, Arroyo reiteró el llamado a sus pares del Congreso para acelerar la tramitación de la “Ley Anita”, remarcando que no es un tema político, es un tema humano. “Se trata de garantizar que nunca más tengamos que lamentar muertes evitables por negligencia y falta de fiscalización en el transporte público”, concluyó el parlamentario.
