La Cámara de Diputados aprobó un nuevo proyecto de ley que obliga a las concesionarias de obras públicas viales a implementar medidas de seguridad para prevenir delitos. Esto claramente para combatir delitos como las encerronas.
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Con esta nueva normativa- según informa La Tercera- se espera reducir la incidencia de estos delitos y mejorar la seguridad de los usuarios de las carreteras.
Medidas de seguridad obligatorias
Entre las disposiciones que las concesionarias deberán adoptar se incluye la instalación de sistemas de televigilancia para detectar vehículos con patentes alteradas, con órdenes de encargo por apropiación o con infracciones de tránsito.
El texto aprobado introduce dos modificaciones principales a la actual Ley de Concesiones de Obras Públicas. Primero, se refuerzan los deberes de seguridad y protección que tienen las concesionarias hacia los usuarios.
Segundo, se establece la obligación de instalar cámaras de seguridad, cámaras térmicas, sistemas lumínicos y lectores de patentes, entre otras medidas.
Además, la ley resalta que las especificaciones técnicas de estas nuevas obligaciones se establecerán en las bases de cada licitación, considerando la naturaleza de cada contrato y su localización geográfica. Las bases también contendrán las sanciones que se aplicarán a las concesionarias en caso de incumplimiento de sus obligaciones de seguridad.
Las multas estipuladas se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil que corresponde a las concesionarias según el Artículo 35 de la Ley de Concesiones. Esta responsabilidad se establece en función de los daños que puedan sufrir terceros.
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El Ministerio de Obras Públicas ha estado trabajando en modificar los contratos de concesión de obras viales para incorporar estas nuevas medidas de seguridad. Se busca así fortalecer la protección de los usuarios y sus bienes en las carreteras del país.
Colaboración con las Fuerzas de Seguridad
La nueva legislación también contempla un artículo que establece la interoperabilidad entre concesionarias y organismos de seguridad como el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile.
Esto permitirá el intercambio de información sobre vehículos que circulen por las obras, incluyendo “al menos, la placa patente o ausencia de la misma, marca, modelo y color de los vehículos motorizados que circulen por las obras, de acuerdo a sus respectivas facultades legales en materia investigativa o en el rol de policía preventiva de Carabineros de Chile”.
Esta medida facilitará las investigaciones penales y el trabajo de las policías en situaciones de flagrancia. Este aspecto es clave, ya que se vincula con la implementación del piloto Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (Sitia), desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. El objetivo es integrar información de entidades públicas y privadas sobre placas patentes y características de vehículos.
El proyecto también incluye una norma transitoria que impone al Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Ministerio del Interior, la obligación de modificar los contratos de concesión de obras públicas viales vigentes que no cuenten con medidas de seguridad en un plazo máximo de cinco años. Esto tiene como objetivo incorporar los deberes de vigilancia, seguridad y asistencia establecidos en la nueva ley, así como las sanciones en caso de incumplimiento.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, afirmó que las obras se financiarán con recursos del Estado y que no habrá un traspaso a las tarifas. Además, recordó que actualmente existen 36 carreteras concesionadas que no contemplaban consideraciones de seguridad en sus contratos, lo que hace necesario adoptar estas medidas en la infraestructura vial del país.
