La iniciativa legal surge a raíz del informe elaborado por la Controlaría General de la República, que reveló que 25 078 funcionarios públicos viajaron al extranjero, entre 2023 y 2024, mientras estaban con licencia médica.
El proyecto, busca aplicar las sanciones a los trabajadores que hagan un mal uso del instrumento legal, modificando el estatuto administrativo y también las normas que rigen a los funcionarios municipales, incorporando como causal directa de destitución el uso fraudulento de licencias médicas.
Asimismo, la iniciativa busca hacer frente al ausentismo laboral en el sector público, para lo cual proponen establecer el término salud incompatible con el cargo, de manera que se pueda aplicar cuando funcionarios se mantengan sin realizar labores durante meses o años producto de licencias médicas.
El proyecto fue presentado por los senadores Sergio Gahona (UDI), Iván Moreira (UDI), Gustavo Sanhueza (UDI), Rojo Edwards y Felipe Kast (Evópoli).
Fortalecimiento de la norma
En medio de la discusión por este tema, el gobierno promulgó el pasado 24 de mayo de 2025 la proyecto que fortalece las facultades de los organismos reguladores y fiscalizadores y establece las sanciones administrativas y penales por la emisión de licencia médica.
La propuesta -iniciada en mensaje- tuvo como idea matriz aumentar las multas y períodos de suspensión de médicos cirujanos, cirujano dentistas y matronas que emiten licencias médicas, muchas veces de manera sistemática y beneficiando a personas que no están enfermas.
Asimismo, la nueva ley establece como requisito para emitir licencias que el médico haya aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom), lo que será exigible luego de un año de publicada la ley, es decir, en mayo de 2026.
Compin
La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), por su parte, dependiente del Ministerio de Salud, dio cuenta de los resultados del Plan de Fiscalización de Grandes Emisores de Licencias Médicas reveló que1470 médicos emitieron 30 870 documentos mientras ellos se encontraban con reposo legal, “incumpliendo su propia indicación de salud”, indicaron del organismo.
Además, se informó que “el número de profesionales clasificados como ‘grandes emisores’ (con más de 1600 licencias emitidas en un año) disminuyó de 659 en 2022 a 309 en 2024. Como resultado, el gasto en licencias médicas de Fonasa asociado a estos emisores se redujo del 20% al 9,1% del gasto total”.
