Cuesta entender que quienes llegan a sus cargos de elección popular gracias a la democracia, como es el caso de los senadores, impulsen medidas para erosionar a uno de los pilares fundamentales que sostienen el sistema democrático, como es la libertad de información.
PUBLICIDAD
Eso es lo que sucederá si el proyecto de ley presentado por los senadores Pedro Araya (indp/PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), prospera y es aprobado.
Si bien la iniciativa legal tiene como objeto “fortalecer la protección de determinados antecedentes de un proceso penal y tipificar su divulgación indebida”, en ese propósito pone en serio riesgo la libertad de prensa, ya que periodistas podrían terminar en la cárcel si publican antecedentes sobre causas judiciales reservadas.
En el proyecto iniciado en moción, los senadores proponen modificar el Código Procesal Penal para que “el que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo“, afectando directamente a periodistas.
Según los parlamentarios, “recientes causas penales de alta cobertura mediática como el “Caso Audios” que involucra la difusión de conversaciones privadas del abogado Luis Hermosilla; o el “Caso Monsalve” con acceso indebido a la carpeta investigativa; la reciente filtración de chats entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y la diputada Karol Cariola en el marco de la investigación por el “Caso Sierra Bella”, evidencian una tensión creciente entre el derecho a la intimidad y privacidad de los intervinientes por un lado, y la libertad de información, transparencia y publicidad del proceso penal por el otro, especialmente cuando existen asuntos de interés público".
Además, expresan que “ninguna filtración es desinteresada” y “en este contexto, la confidencialidad durante la etapa de investigación y determinación de cargos se revela como una herramienta clave para evitar juicios paralelos en los medios de comunicación”.
Colegio de Periodistas
El Colegio Metropolitano de Periodistas indicaron que “el proyecto, al no diferenciar entre quienes filtran y quienes informan, expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática. Gracias al periodismo, la ciudadanía ha conocido casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos”.
PUBLICIDAD
Asimismo, destacaron que “Chile ha avanzado hacia una mayor transparencia en las instituciones públicas, pero esta iniciativa retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia. Actualmente, existen mecanismos para sancionar filtraciones ilegales de datos y conversaciones privadas que están bajo la custodia de fiscales y /o jueces. Perseguir a quienes informan solo atenta contra el rol esencial del periodismo”.
Por tal razón, pidieron al Senado “cumplir con su rol institucional y eliminar cualquier disposición que criminalice el ejercicio legítimo del periodismo“.
