El personal del OS7 de Carabineros, por instrucción del Ministerio Público, concretó realizar diligencias de entrada y registro tanto en la casa del gobernador Claudio Orrego como dependencias del GORE Metropolitano. Esto, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en contratos de coaching político, detectadas previamente por una auditoría de la Contraloría General de la República.
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A raíz de estas diligencias, la diputada por la región Metropolitana, Catalina del Real (Prep) fue tajante: “Estos hechos confirman las sospechas que desde hace tiempo hemos venido expresando sobre la integridad y la ética de Orrego en el ejercicio de su cargo. Claudio Orrego ha perdido toda la confianza y la credibilidad para seguir ejerciendo el cargo de gobernador metropolitano”.
Por su parte, la legisladora que también representa a la RM, María Luisa Cordero (IND-RN) aseguró que es inaceptable y vergonzoso que el gobernador esté siendo investigado por este tipo de prácticas. Indicando que este tipo de acciones solo sirven para socavar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y deja en evidencia la falta de transparencia en su gestión. “Por este tipo de prácticas (…) claramente debería llevar a su renuncia inmediata”, sentenció.
En esa misma línea, el diputado Roberto Arroyo (PSC) calificó las diligencias como “gravísimas” y expresó su preocupación, haciendo un llamado a no minimizar los hechos: “Las diligencias realizadas por la Fiscalía en la casa del gobernador Orrego y en las oficinas del Gobierno Regional son gravísimas. No podemos seguir normalizando el uso de recursos públicos con fines personales o electorales. Esto debe investigarse a fondo. La ciudadanía está cansada de la impunidad”.
En tanto, el diputado Jorge Guzmán, de la bancada de Evópoli, se sumó a las críticas recalcando que los antecedentes deben ser esclarecidos, además, advirtió que existen transferencias que generan muchas dudas y que pueden ser constitutivas de eventuales delitos.
Finalmente, la parlamentaria Marlene Pérez (Indep-UDI), planteó que la justicia actúe con celeridad y firmeza, asimismo, llamó a esclarecer los hechos: “Las acusaciones en contra de Orrego evidencia una falta grave y una falta a las normas y la honestidad que deben regir a un representante público. Es urgente que, en favor de la transparencia y probidad, se tome un fiscal preferente y se investigue a cabalidad este escándalo”.
Desde la Fiscalía Oriente señalaron que Orrego entregó voluntariamente los dispositivos requeridos. Sin embargo, crecen las presiones para que el gobernador dé explicaciones públicas y asuma responsabilidades políticas si se comprueban las irregularidades.
