Era abril del 2019 cuando concejales de Recoleta, junto a quien era senadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe y el ex Superintendente de Educación, presentaron una querella en contra de ese entonces, el alcalde de la comuna, Daniel Jadue. ¿El delito? por desfalco y uso indebido de caudales públicos, por supuestos desvíos de recursos SEP, Subvención Escolar Preferencial.
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Sin embargo, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación por falta de pruebas, según explicó el abogado defensor del Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, Rodrigo Liberona.
En conversación con Publimetro, Liberona indicó que en julio del año 2018, la Contraloría realizó una auditoría -dentro del marco regulatorio- y estaba focalizada al uso de los recursos de la subvención escolar preferencial. “Entonces producto de esta auditoría y también lo que es muy frecuente y muy habitual nos hacen una serie de observaciones y nosotros dentro de los plazos correspondientes las vamos subsanando”.
El abogado precisa que se cierra la auditoría, pero en medio de todo este proceso es cuando los personeros presentan el recurso judicial. “Van a Contraloría a hacer un requerimiento, alegando la pérdida de $4.200 millones alegando, la senadora de ese dice que dónde están las platas y reclama contra Contraloría (...) dice que esto es un delito (...) y bueno, Contraloría frente al reclamo desestimen la petición de ordenar la iniciación de un sumario administrativo”.
Sigue el reclamo
Sin embargo, en noviembre del 2020 el superintendente de Educación, Cristián 0’Ryan presenta una denuncia en el Ministerio Público por saldos no ejecutados, “ascendientes a $4.200 millones. ”Y ahí se inicia una lista penal", precisa.
Toda la investigación duró cerca de 5 años, “la Brigada de Delitos económicos, y también la Brigada Anticorrupción, nos investigaron enteros. Nosotros abrimos las cuentas corrientes de del departamento de educación, donde nos han transferido los fondos públicos del Ministerio, que llegan para la ejecución ddel servicio educacional, pusimos todo a disposición de la fiscalía y el Ministerio Público”, precisa el abogado.
¿Maniobra política?
Para el profesional, esto se trató de una maniobra política digitada por relevantes dirigentes de la Unión Demócrata Independiente. “El Ministerio Público no encontró antecedentes para ni siquiera formalizar a las personas denunciadas, frente a esto, estudiaremos en mérito y tiempo posibles acciones penales por injurias y calumnias con publicidad en contra de los denunciantes UDI”, comentó Rodrigo Liberona.
“Aquí aquí hubo un concierto de parte de estas autoridades en mancillar el nombre de Daniel Jadue y los de su equipo, específicamente en educación. Estamos evaluando la posibilidad de iniciar alguna acción reparadora por así decirlo, pero el daño ya se produjo”, sentenció.
