La Contraloría General de la República reveló irregularidades de más de 1,5 billones de pesos durante abril de 2024 y marzo de 2025 en su último informe de hallazgos, siendo $1.505.707.732.640 la cifra exacta. Esto es el resultado de 792 fiscalizaciones en donde se puso en escrutinio la gestión realizada en gobiernos regionales, Carabineros, delegaciones presidenciales, municipalidades, entre otros sectores.
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Estos resultados fueron producto de auditorías de cumplimiento normativo; auditorías financieras; auditorías para saber si las operaciones se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y economicidad; investigaciones; inspecciones de obras públicas; exámenes de cuentas y comprobación de la veracidad de estas; e inspección de base de datos.
Estas irregularidades fueron categorizadas entre “altamente complejas”, “complejas”, “medianamente complejas” y “complejas”. Dichas acciones fueron ejecutadas principalmente en 2024, pero también datan de 2023 e incluso años anteriores.
El desglose de los resultados de las fiscalizaciones es el siguiente:
| Incumplimientos a normas contables y/o presupuestarias | 359.137.777.166 |
|---|---|
| Falencias asociadas al cumplimiento de contratos | 328.523.655.718 |
| Deficiencias en el proceso de rendición de cuentas | 316.575.708.206 |
| Deficiencias asociadas al manejo de fondos | 252.291.010.206 |
| Incumplimientos asociados a ingresos | 81.539.789.026 |
| Deficiencias en el proceso de adquisiciones | 80.576.101.163 |
| Gastos improcedentes o sin respaldo | 57.023.035.310 |
| Otros resultados transversales | 30.040.655.845 |
| Total general | $1.505.707.732.640 |
Las irregularidades observadas por la Contraloría
Dentro del informe publicado por la Controlaría señalan que en el incumplimiento de normas contables o presupuestarias ($359.137.777.166) se observaron: Sobrestimación o subestimación en la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos; incumplimientos al principio contable del devengado; falta de elaboración de análisis de cuentas contables; error u omisión de registros contables; y partidas contables de antigua data sin regularizar.
En las falencias asociadas al cumplimiento de contratos ($328.523.655.718) se hallaron: Modificaciones de contratos sin fundamentos o no autorizadas, por lo general, se traducen en incrementos de costos, plazos y cambio de las condiciones pactadas originalmente; incumplimiento de contratos por parte de los proveedores; falta de control y supervisión en la ejecución de los servicios contratados; y garantías de fiel cumplimiento de contratos no presentadas o vencidas.
Por otro lado, en las deficiencias en el proceso de rendición de cuentas ($316.575.708.206) se logró percatarse de: Falencias en el control, revisión, aprobación o eventual rechazo de las rendiciones por parte de las entidades otorgantes de los recursos; ausencia de antecedentes o registros en las rendiciones presentadas; diferencias de información de las transferencias entre la entidad otorgante y la entidad ejecutora; transferencias realizadas a entidades que mantienen recursos pendientes de rendición de años anteriores; y recursos pendientes de rendición o sin reintegrar.
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Con respecto a las deficiencias asociadas al manejo de fondos ($252.291.010.206), la Contraloría observó: Saldos de recursos con fines específicos cuya disponibilidad financiera no se acreditó en la cuenta corriente respectiva; falta de conciliaciones bancarias o atrasos en su elaboración; Partidas conciliatorias sin respaldo; descuadratura entre las conciliaciones bancarias y las cuentas contables de bancos; y falta de pago de deudas vencidas.
Los incumplimientos asociados a ingresos ($81.539.789.026), se detectó: Ingresos no percibidos; multas no cursadas ante incumplimientos de lo establecido en los contratos; ausencia de gestiones de cobranza a deudores morosos; y error en el cálculo de los ingresos generándose una menor percepción de estos.
Sobre las deficiencias en el proceso de adquisiciones ($80.576.101.163): Adquisición de bienes o servicios mediante contratación directa sin acreditar las causales invocadas para justificar el trato directo; procesos de compras tramitadas sin aprobación del Concejo Municipal; irregularidades en el proceso de evaluación de ofertas de acuerdo con las bases de licitación; y fragmentación de compras.
La CGR señaló sobre los gastos improcedentes o sin respaldo ($57.023.035.310) que existieron: Pagos en exceso por servicios prestados; desembolsos duplicados; gastos en bienes y servicios sin la correspondiente documentación de respaldo; gastos por servicios parcialmente entregados;Fondos entregados a terceros ejecutados de forma improcedente; y gastos asociados a beneficiarios que no cumplen los requisitos establecidos para la obtención del respectivo beneficio.
Finalmente, acerca de otros resultados transversales ($30.040.655.845) se hallaron: Entrega de beneficios irregulares; asignaciones directas de recursos sin fundamentación; ausencia de control de legalidad a ciertos actos administrativos; fragmentación de iniciativas en varios convenios; y faltantes de inventario.
Resultados en el sector del Interior
Los Gobiernos Regionales (GORE) fue el sector con más objeciones de parte de la CGR con un monto que asciende a $303.056.411.351, con un especial énfasis en las gestiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Coquimbo; O’Higgins; Maule; Biobío; Los Ríos; Los Lagos; y Aysén.
El informe detalló que en las auditorías efectuadas para revisar las transferencias efectuadas desde los Gobiernos Regionales a entidades de derecho privado, se detectaron las siguientes situaciones: Incumplimientos en la postulación y asignación de proyectos; incumplimientos en el proceso de ejecución y supervisión de los proyectos; irregularidades asociadas a rendiciones de recursos transferidos; gastos improcedentes, no acreditados o insuficientemente acreditados; incumplimientos contables; entre otros.
Por otro lado, con respecto a las auditorías a los gastos ejecutados, estado de las transferencias y uso de recursos públicos, la investigación detectó: Saldos pendientes de rendición o reintegro; pagos improcedentes; entre otras observaciones.
Carabineros de Chile fue otra entidad objetada por la Contraloría por un monto de $151.590.696.634, las cuales hallaron irregularidades en materia de personal y el control de armas y orden público; en donde se encuentran casos en donde no mantienen impresos y firmados los comprobantes contables de egresos asociados a desembolsos; 754 solicitudes de imágenes realizadas a Carabineros de Chile por organismos interesados, se les comunicó la inexistencia de la evidencia audiovisual, sin justificación.
De igual forma, se detectaron a 13 funcionarios que reprobaron el curso sobre armamento menos letal, y a 1.820 funcionarios que no lo realizaron, se les entregaron para el cumplimiento de sus funciones escopetas antidisturbios y la carabina lanza gases.
En las Delegaciones Presidenciales Regionales ($1.154.490.100) se objetó el control de armas y orden público en las delegaciones de las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, Los Lagos y Aysén.
Por otro lado, en las Delegaciones Presidenciales Provinciales ($281.721.209) se fiscalizó y se encontraron irregularidades en Los Andes, Capitán Prat, Maipo, Talagante, y también en la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Los otros sectores que fueron fiscalizados por la Contraloría incluye al sector de educación, hacienda, municipal, infraestructura, vivienda y urbanismo, justicia y derechos humanos, empresas, defensa, salud, desarrollo social, medio ambiente, entre otros.
