“El presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”. Así lo señala la glosa 3 de la Ley de Presupuestos 2025 aprobada por el Congreso, donde se mandata a las autoridades del gobierno a practicarse el examen.
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Para dar cumplimiento a lo indicado, el Senda -dependiente del Ministerio del Interior—firmó un convenio donde se estableció la colaboración técnica y financiera para realizar los test de droga a las autoridades del gobierno contempladas en la ley, análisis que se realizó dentro de los tiempos estipulados, según el Ejecutivo.
Desde el gobierno detallaron en su momento, que fue el Ministerio del Interior el encargado de coordinarse con el resto de las carteras para asegurar el cumplimiento de la norma. Para lo cual, se abrió una licitación para adjudicar el proceso, donde se apuntaría a estandarizar “el procedimiento al que ya están sometidos los funcionarios públicos (según el artículo 64 de ley 18.575) y homologando criterios de la norma vigente en el Decreto 1215, de 2006, del Ministerio del Interior”.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que “se realizaron todos los exámenes conforme a la glosa presupuestaria, dentro del plazo legal y de acuerdo a los estándares del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)”, consignó radio Bío Bío.
Asimismo, Elizalde confirmó que “los exámenes del presidente y de todos los ministros y ministras de Estado dieron resultado negativo, descartándose el consumo de sustancias prohibidas”.
El martes pasado, en tanto, desde la UDI acusaron al gobierno de manejar el proceso con “opacidad”, cuestionando que se haya optado “por un test de orina, de menor alcance”.
