Este martes el Presidente Gabriel Boric instruyó al alto mando de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) a entregar antecedentes respecto de sus funcionarios que fueron detenidos por transportar cuatro kilos de droga desde el norte del país a la Región Metropolitana en un avión de la institución.
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El requerimiento del mandatario llega luego de la decisión de la FACh de no entregar los datos de sus cinco funcionarios a la Fiscalía regional de Tarapacá, que solicitó dicha información para integrarla a la carpeta investigativa del caso por narcotráfico.
La instrucción de Gabriel Boric
La medida fue tomada esta jornada en el cumplimiento del artículo 19 del Código Penal, una vez que el Presidente de la República mantuviera una reunión privada con los comandantes en jefe de la FACh, Armada y Ejército en el Palacio de La Moneda.
Según indicó el ministro de Seguridad, Luis Cordero, esta solicitud permitirá a la “Fiscalía de Tarapacá disponer de la información adecuada que ha sido requerida”.
Este requerimiento permitirá a la Fiscalía de Tarapacá disponer de la información adecuada que ha sido requerida
— Luis Cordero
Desde el norte del país, la fiscal regional Trinidad Steinert explicó en entrevista radial los alcances de esta solicitud presidencial para el avance en la investigación del ilícito por tráfico de droga.
“Sé por la prensa que son cinco los imputados, entiendo que lo más probable es que sea ketamina, pero a ciencia cierta no lo sé, porque la FACh nos negó los antecedentes”, dijo la persecutora en radio Universo.
“Yo pedí formalmente los antecedentes a la FACh y estos me fueron negados también formalmente. En atención a eso recurrí a la Corte (de Apelaciones de Iquique), para que por las atribuciones que tiene le ordene entregarlos. Además, viendo que se trata de un delito común, presenté la solicitud al Tribunal de Garantía de que se trabe la contienda de competencias (...) estamos por todos lados sosteniendo nuestra postura”, reveló.
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“Argumentan que por las normas del Código de Justicia Militar esta es una causa que deben ver ellos, en atención a que los imputados son de su institución y que el delito se cometió dentro de su recinto”, agregó Steinert, quien aseveró que “estas son discusiones jurídicas que tenemos que dar como Ministerio Público, ya que tenemos la convicción que lo que corresponde es que nosotros seamos los llamados a investigar”.
“La postura del Ministerio Público y como ha ido avanzando la jurisprudencia es que este es un delito común de la Ley 20.000, cuyo sentido además es la protección de la salud pública, por lo tanto, el interés general. Entonces, no vemos por dónde un delito común tenga que verse y ser investigado por un tribunal especial, porque las Fuerzas Armadas tienen tribunales especiales y son excepcionales, y la excepción tiene que ver más con tiempos de guerra”, puntualizó la abogada, quien reconoció que el Ministerio Público tiene las tecnologías pertinentes para llevar adelante este tipo de casos vinculados al narcotráfico.
“Esto, para ver quién está detrás, el análisis de teléfonos, de dónde viene esa droga, porque no llegó sola. La droga, si es ketamina, es la que utilizan organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Insisto, siempre, y no solamente en esto, siempre que sean delitos comunes (el encargado) es el Ministerio Público. Hay que ir avanzando en ese sentido, no estamos en tiempo de guerra”, finalizó.
