Fue durante su exposición ante la comisión investigadora de Licencias Médicas de la Cámara de Diputados, que la superintendenta subrogante de Seguridad Social, Patricia Soto, se refirió al trabajo de fiscalización que ha llevado adelante el organismo, luego que la Contraloría General de la República (CGR) diera cuenta de un informe donde más de 25 000 funcionarios públicos salieron del país estando con reposo médico.
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En la instancia parlamentaria, Patricia Soto, que reemplazó a Patricia Gana, indicó que ya solicitaron los antecedentes a la PDI y están “a la espera por parte de la Policía de Investigaciones de la entrega de los registros. Me refiero a un cruce que es fundamental en este momento, que es el cruce de los trabajadores dependientes del sector privado que utilizaron licencia médica durante el año 2024 y hasta el mes de mayo del 2025”.
Desde la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), detallaron que “dicha solicitud abarca a más de 2,8 millones de trabajadores que hicieron uso de licencia médica durante ese período”.
Asimismo, Soto agregó que debido a que la Contraloría solo puede efectuar los cruces de los trabajadores del sector público, la Suseso inició “otros cruces de datos de los efectos de tener posibles casos de trabajadores con licencia médica que se encuentran trabajando en otro empleo. Estos son los trabajadores que tienen doble empleador”.
Sanciones
La superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, agregó en la comisión investigadora que una vez que se tengan los datos, éstos serán “remitidos a la Compin nacional para que informe a todas las Compin de nuestro país. En este caso me refiero a los afiliados Fonasa y a cada una de las Isapres abiertas y cerradas de nuestro país correspondiendo a sus respectivos afiliados”.
Respecto de eventuales sanciones, Soto sostuvo que la Suseso no puede realizar sumarios, porque está fuera de sus facultades. “Por lo tanto, nuestro accionar aquí va a llegar a pedirle a las entidades de previsión Compin e Isapres que procedan a redictaminar las licencias médicas en aquellos casos que efectivamente correspondan”.
Asimismo, sostuvo que se revisará “a todos aquellos médicos, a todos aquellos profesionales habilitados para emitir licencia médica, que emitieron esas licencias para poder ver si efectivamente existió el fundamento médico en cada una de ellas. En aquellos casos que nosotros estimemos que efectivamente existe la posibilidad de una eventual sospecha de delito, obviamente en nuestra calidad de funcionarios públicos, tenemos el deber de remitir la información al Ministerio Público”.
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Esta acción busca identificar a quienes viajaron al extranjero entre 2024 y mayo de 2025 mientras se encontraban con licencias activas, en un nuevo cruce de información que, a diferencia del realizado por Contraloría, se enfoca en el sector privado.
Soto señaló que el requerimiento fue formalizado vía oficio en junio y recalcó que la entrega de información por parte de la PDI es obligatoria, en virtud de la Ley 21.746, vigente desde mayo de 2025. Esta normativa otorga a la Suseso facultades para exigir datos a organismos como la PDI o el Registro Civil. Una vez recibida, la información será procesada y derivada a la Compin y las isapres correspondientes.
“Lo que va a corresponder es la devolución del pago de subsidio por incapacidad laboral de esa licencia médica”, advirtió Soto.
Además, detalló que los médicos que emitieron licencias sin justificación serán investigados y podrían enfrentar procesos sancionatorios. “El médico que emitió licencia médica sin fundamento médico se arriesga a que la Superintendencia inicie una investigación de oficio y, obviamente, se pueda sancionar”, indicó.
La autoridad subrayó que los antecedentes serán puestos a disposición del Ministerio Público para acciones judiciales.
