Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República reveló múltiples y preocupantes fallas en los procedimientos de fiscalización realizados por Carabineros entre 2023 y 2024, dejando en evidencia que cientos de vehículos robados y personas con órdenes de detención no fueron retirados de circulación ni arrestadas, pese a haber sido controladas.
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El informe, correspondiente a la auditoría n.° 158, concluyó que se fiscalizaron 144 personas con antecedentes judiciales graves, incluyendo tráfico de drogas, abuso sexual y porte ilegal de armas. Sin embargo, no las detuvieron pese a que contaban con órdenes de aprehensión pendientes, detalló el documento, según consignó 24 Horas.
El caso más alarmante es el de los 626 vehículos con encargo por robo que fueron fiscalizados por Carabineros pero que nunca fueron retirados, incumpliendo con el procedimiento que la ley exige en estos casos. Además, la revisión estableció que en más de 145 mil controles de tránsito realizados por la policía uniformada, no se consultó el Sistema Unificado de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) para verificar el estado legal de los automóviles.
El organismo también identificó que se cursaron 869 partes por infracciones graves —como la falta de patente, permiso de circulación o seguro obligatorio— pero aun así, no fueron retirados de circulación, contraviniendo la normativa vigente.
Según explicó la CGR, muchos de los vehículos circulaban “sin placa patente, permiso de circulación, seguro obligatorio de accidentes personales, certificado de revisión técnica u homologación individual”, e incluso algunos con ”la placa oculta o con el número de identificación del vehículo adulterado o borrado”.
Otro punto crítico fue la fiscalización de vidrios polarizados. La ley prohíbe su uso si impiden ver el interior del vehículo, pero la policía no cuenta con equipos para medir la transmisión luminosa, lo que impide aplicar la normativa de forma adecuada.
Consultada por esta situación, la Zona Costa de Carabineros argumentó que no fue posible retirar los vehículos infractores “ya que el aparcadero municipal (de Melipilla) se encuentra con su capacidad máxima desde 2024”.
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Ante estos antecedentes, la Contraloría anunció la apertura de un sumario administrativo para establecer responsabilidades internas y envió los antecedentes al Ministerio Público para una eventual investigación penal.
Esta no es la primera observación crítica que recibe la institución. En otra auditoría reciente, la CGR detectó más de 200 armas irregulares, algunas registradas a nombre de personas fallecidas o con antecedentes penales. La autoridad fiscalizadora concluyó que “no se realizaron las denuncias correspondientes al Ministerio Público” pese a que muchas de las fiscalizaciones fallidas podrían configurar delitos.
