El Poder Judicial aclaró la controversia en torno a la liberación del sicario Osmar Ferrer Ramírez, señalado como el asesino del “Rey de Meiggs”. En un comunicado oficial, se destacó que la orden que permitió su salida de prisión fue emitida con el propósito de corregir un error en su identidad.
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El 8° Juzgado de Garantía había dictado una orden de prisión preventiva por homicidio a las 20:17 horas del 9 de julio, pero debido a un error en la identificación del imputado, a las 20:25 se emitió un documento que anulaba dicha orden.
Fue este documento el que recibió Gendarmería, lo que llevó a la liberación del imputado. No obstante, a las 20:28 se emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva, esta vez con la identidad corregida de Ferrer. La problemática radica en que esta última resolución no fue tenida en cuenta, lo que resultó en que el imputado nunca debió ser liberado.
“Inicialmente se descarta una vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos del Poder Judicial”, aseguraron las autoridades en respuesta a la situación. La Fiscalía, en conjunto con el OS9 de Carabineros, será la encargada de investigar los hechos y esclarecer por qué se permitió la liberación del acusado, quien estaba encerrado en la ex Penitenciaría.
Investigaciones y acciones posteriores
Ante la gravedad de estos acontecimientos, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, convocó a una reunión urgente con la directora y el equipo informático de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El objetivo fue revisar la trazabilidad de las resoluciones relacionadas con este caso específico. Durante la primera revisión, se constató que el 8° Juzgado de Garantía había emitido la orden de prisión preventiva a las 20:17 horas del 9 de julio.
Posteriormente, a las 20:25, se dejó sin efecto esa instrucción para corregir la identificación errónea del imputado. A las 20:28, el mismo juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los datos correctos. Además, se registraron dos correos electrónicos enviados a Gendarmería el 10 de julio a las 12:11, en los cuales se informaron las dos resoluciones anteriores.
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El equipo directivo de la CAPJ también confirmó que, en una revisión preliminar, se descartó inicialmente cualquier vulneración de los sistemas informáticos del Poder Judicial. Chevesich, por su parte, instruyó realizar un diagnóstico del sistema de tramitación penal, con el fin de fortalecer los mecanismos de control y chequeo de las resoluciones judiciales.
Acciones del Tribunal de Alzada
El presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, convocó a un pleno extraordinario para discutir este caso. El tribunal de alzada decidió iniciar un sumario administrativo, que será conducido por un fiscal judicial.
Además, ordenó que todos los antecedentes recopilados sean entregados al Ministerio Público para su análisis.
