Una serie de inconsistencias ha desatado un nuevo escándalo judicial tras la liberación de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, uno de los principales sospechosos del asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”. El hecho ocurrió luego de que Gendarmería diera curso a una orden judicial cuya legitimidad fue confirmada este martes.
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Según el comunicado oficial emitido por Gendarmería, el 10 de julio la institución recibió una orden del 8º Juzgado de Garantía de Santiago a través de los canales formales, lo que llevó a la excarcelación inmediata del imputado. “Gendarmería dio cumplimiento a lo dictaminado en dicha resolución judicial”, indicaron.
Sin embargo, lo que en principio parecía una liberación en regla, ha derivado en una investigación que involucra posibles delitos informáticos, suplantación o presunta corrupción. Esto, luego de que la Fiscalía expresara sospechas sobre la autenticidad del documento judicial que permitió la salida del sospechoso.
Gendarmería fue enfática en rechazar cualquier implicancia en una supuesta vulneración de su sistema: “Luego de chequear las redes internas institucionales, se descarta cualquier tipo de vulneración a los sistemas informáticos de Gendarmería de Chile”, detallaron. Y añadieron que “la Institución Penitenciaria pondrá a disposición del Ministerio Público toda la información, en razón de la investigación que se ha abierto al respecto”.
Mientras se determina si la orden fue producto de un hackeo al tribunal o de una suplantación, las autoridades se encuentran en la búsqueda activa del imputado, cuya libertad generó alarma por tratarse de un presunto sicario vinculado al crimen ocurrido el 19 de junio en Ñuñoa.
Cabe destacar que en las últimas horas se confirmó que la orden judicial es legal y no habría falsificación. El Ministerio Público confirmó que está abriendo una investigación para conocer si existe algún error en el documento público o en el proceso que permitió el cambio en la medida cautelar. En tanto, crecen las sospechas sobre la posibilidad de que haya existido alguna suplantación de identidad o delito de corrupción en el proceso.
