El martes, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados dio un paso importante al aprobar un proyecto que busca eliminar la Unidad de Fomento (UF) como instrumento de reajuste en diversos ámbitos, incluyendo créditos hipotecarios, contratos de arriendo, planes de salud y el sistema educacional.
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Esta decisión se tomó con el respaldo de seis de los trece diputados que forman parte de la comisión, donde la votación resultó en cinco votos a favor y uno en contra.
Entre los parlamentarios que apoyaron la propuesta se encuentran el presidente de la Comisión, Víctor Pino (PDG), y los diputados socialistas Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Ana María Bravo. También votó a favor Gonzalo Winter, del Frente Amplio. Solo el diputado Christian Matheson, que se encuentra en la bancada independiente de Evópoli, se opuso a la medida.
Advertencias del ministro de Hacienda
En la sesión, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó su análisis sobre las implicancias de eliminar la UF. Alertó sobre los efectos negativos que esta medida podría tener en los créditos hipotecarios, destacando que “la UF ha tenido un rol importante en el mercado de crédito hipotecario. La indexación impulsó el desarrollo de instrumentos financieros de largo plazo, fomentó el ahorro y la inversión en el sector inmobiliario, y contribuyó a la expansión del mercado hipotecario chileno”.
Marcel enfatizó que los bancos podrían enfrentarse a dificultades para gestionar el riesgo inflacionario, lo que podría derivar en tasas de interés más altas y condiciones de financiamiento más estrictas, afectando especialmente a las familias de ingresos medios y bajos.
“Aumentos en las tasas hipotecarias afectarían especialmente a familias de ingresos medios y bajos”, afirmó. El ministro también advirtió que la eliminación de la UF podría desincentivar la inversión inmobiliaria, disminuyendo la oferta de viviendas y aumentando los precios de los inmuebles a largo plazo.
“Esto es especialmente sensible en el contexto actual, en que se están impulsando medidas en el sentido opuesto”, agregó. Marcel recordó que “tal como destaca el Banco Central en su oficio, la UF se creó para hacer frente a las fluctuaciones en materia de inflación, lo que repercute especialmente en financiamientos de largo plazo”.
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Impacto en otros sectores
En cuanto a los contratos de salud previsional, el ministro explicó que “la UF se utiliza en múltiples aspectos del sistema de salud, incluidos topes imponibles y cotizaciones. Cambiar su uso puede generar distorsiones”.
Además, afirmó que “fijar precio de los planes de salud en UF o en pesos no generaría directamente una reducción del costo, ya que los precios son revisados continuamente por las Isapres y regulados por la Superintendencia de Salud”.
Marcel mencionó que prohibir la UF podría resultar en precios iniciales más altos, debido a la necesidad de cubrir la incertidumbre inflacionaria mediante criterios más conservadores. En lo que respecta a la educación, el ministro indicó que “existen contratos que establecen una anualidad fija en UF, dividida en cuotas mensuales, y otros cuyo arancel mensual se reajusta continuamente según la UF”.
Además, sugirió que se debe abordar la periodicidad y la existencia de mecanismos alternativos de reajuste, como el IPC. Sobre los contratos de arriendos, el titular de Hacienda precisó que “aumenta la exposición de los arrendadores a la inflación, incentivando precios iniciales más altos como protección” y generando un “incremento de las frecuencias de negociaciones sobre el precio y la aplicación de reajustes”.
La vicepresidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Bernardita Piedrabuena, también participó en la discusión, advirtiendo que la eliminación de la UF podría aumentar la incertidumbre entre los oferentes de créditos hipotecarios, quienes podrían buscar alternativas como indexar de acuerdo con el IPC o dolarizar.
“La UF es un instrumento ampliamente usado y contribuye en parte a mantener la estabilidad del mercado inmobiliario”, expresó.
Aunque el proyecto fue aprobado en general, la comisión se comprometió a escuchar a varias entidades antes de avanzar en la votación particular.
Entre los organismos que se consultarán están el Sernac, el Banco Central, y las superintendencias de Salud y de Educación. El presidente de la Comisión de Economía, Víctor Pino, declaró que “hemos querido interpretar una demanda ciudadana que nos pedía terminar con el cobro abusivo en UF, en distintas áreas diferentes a los créditos hipotecarios”.
