Fue por medio de un comunicado que la Comisión Nacional de Energía (CNE) salió a desmentir lo publicado por Ciper, en cuanto a que serían los propios clientes los que financian las compensaciones que deban pagar las distribuidoras eléctrica cuando hay una interrupción del servicio.
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Según el citado medio, “desde junio de 2024, 21 de las 26 empresas distribuidoras eléctricas incluyen en las cuentas mensuales de sus clientes dos cargos que suman el 0,52% del valor total que deben pagar los consumidores. Ese dinero se destina a las indemnizaciones que las distribuidoras deben entregar a los usuarios cuando han sufrido una interrupción del servicio. En síntesis, son los propios consumidores los que financian las compensaciones a las que tienen derecho, por ley, cuando se les corta la luz”.
Desde la CNE, por su parte, indicaron ante el reportaje que “las tarifas eléctricas no incluyen ningún cargo destinado a financiar compensaciones que las empresas distribuidoras deben pagar a los consumidores por incumplimientos en la calidad de servicio. Tampoco existe un fondo destinado a financiar compensaciones futuras que las empresas deben pagar a los consumidores”.
Asimismo, detallaron que “la información entregada a Ciper corresponde a la estimación de un parámetro técnico utilizado en el diseño de la empresa modelo teórica que sirve de base para determinar las tarifas de distribución. Es incorrecto interpretar que algún criterio técnico utilizado para definir costos eficientes de la empresa modelo tenga vinculación directa con los costos reales de las distribuidoras o con las compensaciones efectivamente pagadas a los usuarios“.
El organismo agregó con respecto a la metodología usada para definir las tarifas de distribución, que “la solución técnica adoptada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), y ratificada en Panel de Expertos, permitió evitar un alza muy significativa de las tarifas eléctricas promovida por algunas empresas“.
De tal modo, argumentaron que “de haber acogido la alternativa planteada por estas empresas, los clientes podrían haber sufrido un alza real de hasta un 37% adicional en sus tarifas de distribución, cifra que, al considerar la inflación acumulada desde 2020, podría haber llegado a cerca de un 80%”.
En ese sentido, desde la Comisión Nacional de Energía acotaron que “en resumen, el criterio técnico adoptado por la CNE evitó que los clientes o consumidores pagaran sobrerentas por aproximadamente US$1000 millones adicionales a las empresas eléctricas, montos que habrían debido sumarse a las reliquidaciones pendientes por inflación acumulada“.
