La jueza Irene Rodríguez, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, enfrenta una imputación por el delito de prevaricación culposa relacionada con la liberación irregular de un sicario implicado en el asesinato del conocido “Rey de Meiggs”.
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De acuerdo a Radio Bío Bío, la situación ha llevado a que Rodríguez se convierta en objeto de investigación. La magistrada ya declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) sobre la excarcelación de Carlos Alberto Mejía Hernández, quien fue formalizado por este crimen.
Detalles de la investigación
La pesquisa gira en torno a una supuesta “negligencia grave o ignorancia inexcusable” por parte de la jueza al decidir la liberación del homicida.
El 26 de julio, el Poder Judicial tomó la decisión de suspender a Rodríguez de sus funciones. En una defensa ante los medios, la jueza hizo hincapié en las fallas de Gendarmería, argumentando que no se “cotejaron” los oficios que provenían del 8° Juzgado de Garantía. Además, indicó que la resolución que revocaba la prisión preventiva no debía ser enviada a dicha institución.
Rodríguez explicó que Gendarmería había recibido tres oficios que ordenaban la prisión preventiva de los primeros tres imputados por el asesinato de José Felipe Reyes Ossa. Esto incluye el último oficio, que fue emitido a las 20:28 horas del 9 de julio, donde se confirmaba la medida cautelar, después del primero enviado a las 20:17 y del que ordenó la libertad del sicario a las 20:25.
“No hay ni un otro oficio posterior, ni al otro día, ni en la madrugada, ni hasta el día de hoy, que yo haya firmado con fecha posterior. Ni un otro oficio, ni ese de dejar sin efecto (la prisión preventiva), nada. Ese fue anterior”, afirmó Rodríguez el pasado lunes.
La jueza catalogó como un error el hecho de haber enviado a Gendarmería la resolución de las 20:25. “Ese, a mi juicio, fue un error, un error de haberlo remitido a Gendarmería”, subrayó. En relación a los oficios enviados, Rodríguez criticó el desempeño del organismo, sugiriendo que “es cuestión de cotejar, cuál primero, cuál después, nada más, y si hay dudas, llamar al tribunal”.
Cuando se le preguntó si consideraba que la institución había cometido un error en su gestión, la jueza respondió: “Creo que eso sí fue un error, porque aunque haya llegado ese oficio con ese formato de ‘deja sin efecto’ y ‘libertad’, que es un formato tipo, a pesar de que llegó ese que no debió llegar, eso está claro, eso todos lo sabemos”.