El pasado 25 de febrero, a las 15:16 horas, una falla en el sistema eléctrico dejó sin luz al 98,5% de la población del país, afectando a las regiones de Arica y Parinacota hasta Los Lagos. Incluso, obligó a reprogramar la tercera noche del Festival de Viña del Mar.
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En la ocasión, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) informó que “a las 15:16 horas se produjo una interrupción del suministro eléctrico desde Arica hasta la región de Los Lagos, provocado por una desconexión del sistema de transmisión de 500 kV en el Norte Chico".
Asimismo, detallaron que “las causas de este corte del suministro serán investigadas y analizadas de conformidad al protocolo previsto por este tipo de contingencias, habiéndose informado de su ocurrencia a la autoridad pertinente".
Cinco meses después, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) dio cuenta de los avances en la investigación del apagón del 25 de febrero pasado. La superintendenta, Marta Cabeza, señaló que se “ha desarrollado una investigación exhaustiva y rigurosa. Hemos llegado a un convencimiento técnico y jurídico respecto de responsabilidades, tanto del Coordinador Eléctrico Nacional como de ocho empresas integrantes del sistema de transmisión y generación”.
Sin embargo, aclaró que la indagatoria “todavía no ha terminado” y se analizarán eventuales responsabilidades en el funcionamiento del plan de recuperación del suministro eléctrico y las labores que debía ejercer el CEN para permitirlo.
La superintendenta Cabeza, aseguró que el Coordinador Eléctrico “habría estado operando el sistema en condiciones inseguras, específicamente al mantener el corredor Nueva Maitencillo – Polpaico transmitiendo 1800 MW, superando el límite de 1600 MW definido como seguro por sus propios estudios”.
Asimismo, afirmó que se expuso al sistema eléctrico “a un riesgo elevado de inestabilidad ante contingencias, como la que finalmente ocurrió. Por ello, la SEC formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador, por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema”.
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Multas y empresas
Entre las empresas a las que se le formularon cargos está Interchile, “por no mantener sus instalaciones en buen estado y con condiciones adecuadas de seguridad, lo que habría contribuido al inicio del evento”.
Además, “por reactivar remotamente un equipo de comunicaciones, correspondiente al esquema de protecciones de la línea 2x500 kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar, sin contar con la autorización ni el conocimiento del Coordinador Eléctrico Nacional”.
Respecto a la propagación de la falla, la SEC formuló cargos contra Transelec “por no contar con el Centro de Control Principal ni con el Centro de Control de Respaldo del sistema SCADA, lo que habría dificultado una adecuada supervisión y capacidad de respuesta frente a la emergencia”.
La empresa Engie Energía, en tanto, enfrenta cargos por no disponer de sistemas de supervisión y control de sus instalaciones y “porque sus instalaciones se habrían desconectado producto de la operación de protecciones de baja frecuencia”.
En el caso de CGE Transmisión, Alfa Transmisora y AES Andes: “Enfrentan cargos por no contar con los sistemas de supervisión y control requeridos para sus instalaciones, lo que habría afectado su capacidad de respuesta ante la contingencia”.
La Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales, por su parte, “fueron objeto de cargos debido a que sus instalaciones se habrían desconectado como consecuencia de la operación de protecciones de baja frecuencia, las que se habrían activado, antes de lo permitido, desconectándose y contribuyendo así al colapso del sistema eléctrico”.
Debido a esto, las empresas arriesgan multas que pueden alcanzar hasta los $8270 millones (10.000 UTA). Mientras que los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional arriesgan una multa de poco más de $24 millones cada uno (30 UTA).
Cargos a eléctricas